Baja California | 17 de Enero de 2017

Francisco Vega de Lamadrid anunció que en breve convocará a expertos para crear estrategias para el abasto de agua en el estado. Foto especial

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Mireya Cuéllar

Mexicali,17 de enero.- Menos de 48 horas después de que unas 80 mil personas se manifestaron en todo el estado para repudiar el gasolinazo y la aprobación de una nueva Ley del Agua para el estado de Baja California que privatizaba todo el servicio y aumentaba las tarifas en un 20 por ciento, el gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid dio marcha atrás y frente a los medios de comunicación firmó la iniciativa para abrogarla.

Ello, no sin advertir a los manifestantes que lo hace porque en Baja California “la gente manda”, pero que deben estar claros de “los riesgos” que el estado corre sino se toman medidas para resolver el problema de la larga sequía que vive la región. Además, dijo, en 2018 vence el tratado de Aguas con Estados Unidos que permite a la península tener agua del Río Colorado, y el 20 de enero toma posesión Donald Trump.

El anuncio del mandatario tomo por sorpresa a los activistas que mantienen tomadas las instalaciones del Palacio de Gobierno, el palacio Municipal, el Congreso y la oficina de recaudación de rentas. Esta tarde se reunían para determinar que harán ahora que una de sus principales demandas se cumplió.

Y es que el tema del agua molestó a amplio sectores de la población, no sólo porque la ley abría la puerta a la iniciativa privada en todo el proceso de surtir de agua a los ciudadanos, sino que para garantizar la recuperación de las inversiones y “la utilidad razonable” de las empresas involucradas, establecía que el agua tendría un incremento anual y quien no pagara, dejaría de recibir liquido después de 90 días hábiles de retraso.

La nueva ley, abrogaba toda la legislación estatal en materia de agua y daba el marco jurídico que se requiere para que las necesidades de agua del estado –que son reales- sean resueltas en parte con las tres plantas desalinizadoras que se están construyendo, una de ellas, la de Rosarito, será la más grande de América Latina. El esquema es de Asociaciones Público- Privadas.

También sentaba las bases para que dichas plantas vendan el agua a los organismos estatales que actualmente la administran y distribuyen. Garantizando a lo largo de 159 artículos y 20 transitorios que las concesiones a 30 años (con posibilidad de renovación por un periodo igual), sean rentables.

El gobernador ya había intentado el jueves de la semana pasada contener la ola de manifestaciones, dando marcha atrás también a una medida que obligaba a reemplacar los coches del estado (como medida recaudatoria); anunció una reducción al salario de los funcionarios de primer nivel del 10 por ciento; dijo que no se comprarían más vehículos para uso oficial, entre otras medidas.

Si bien fue el gasolinazo peñista lo que prendió la mecha para la toma de casetas, garitas y plazas públicas en estas ciudades fronterizas, al final se abrió una caja de pandora de la que brincaron todo lo que la gente considera agravios panistas o kikistas, y el movimiento amenazaba con radicalizarse. En los mítines ya no sólo se pedía la renuncia de Peña Nieto.