Baja California | 16 de Mayo de 2018

El 24 de marzo pasado, "a petición" de la empresa, fue colocada la primera piedra de manera simbólica. Foto Roberto Córdova-Leyva

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Julieta Martínez

Tijuana, 15 de mayo.- El Juzgado Tercero de Distrito se impuso a un amparo otorgado por otro juzgado de primera instancia y autorizó continuar con los trámites para la construcción de la desaladora de Playas de Rosarito, pero además de la solicitud de los requisitos para gestionar los permisos de uso de suelo, el gobierno de ese municipio no ha atendido más solicitudes.

Otorgó una suspensión contra otra suspensión que con anterioridad el Juzgado Mixto de Primera Instancia había concedido a la empresa EWG Water LLC, la cual mantiene un litigio contra NSC Agua por el porcentaje de las acciones del consorcio que se hará cargo de la planta, cuya inversión se anuncia en 500 millones de dólares.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales argumentó en su resolución que se trata de “actos que causan a la parte quejosa daños de difícil reparación” y aclaró que “la medida cautelar concedida no implica propiamente una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo”, es decir que el litigio por las acciones continúa.

La suspensión otorgada por el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Carlos Humberto Tamayo Camacho, a mediados de abril pasado ordenaba al Ayuntamiento de Playas de Rosario y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se abstuvieran de “autorizar o ejecutar cualquier forma de gestión comercial, administrativa o cualquier otra índole”.

La demanda en esta primera instancia fue promovida por EWG Water LLC contra Alejandro de la Vega Valladolid, NSC Agua SA de CV y Consolidated Water (como tercer llamado a juicio) -quienes aparecían como accionarios-, para que no hicieran ningún movimiento relacionado con la planta desalinizadora.

Una semana antes, NSC había solicitado información sobre los requisitos de uso de suelo, 14 días después de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, empresarios y funcionarios de Conagua y el Nadbank colocaron la primera piedra de la que anuncian como la más grande desaladora de América Latina. 

Suspensión a la suspensión
La “suspensión de la suspensión” fue notificada el pasado día 7. El Juzgado Tercero de Distrito insta a la autoridad municipal a que “no se apliquen las medidas cautelares contenidas en los oficios número 1349/2018/1S dirigido a la Conagua y 439/2018 al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, únicamente por lo que ve a la aquí quejosa Aguas de Rosarito, SA Promotora de Inversión de Capital Variable”. 

Advierte que lo anterior es hasta en tanto se dicte la resolución sobre la suspensión definitiva en el incidente, “es decir para que sin paralizar el juicio natural, se suspenden las consecuencias de las medidas provisionales contenidas en los oficios citados, únicamente por lo que hace a la aquí quejosa”.

Como parte de los argumentos menciona que en el acta constitutiva de la quejosa -Aguas de Rosarito- se explican motivos de la construcción de la planta, incluidos los propósitos “por lo que dicha actividad al tratarse de una mejora en el suministro de agua potable y al agua potable, se considera que es en pro del bien común de la sociedad, de conformidad con el artículo 4 constitucional”.

Litigio por las acciones
El 24 de marzo pasado, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid encabezó la colocación de la primera piedra de la que se anuncia como “la más grande desaladora de América Latina”, que tendrá una capacidad de producir 2 mil 200 litros por segundo en su primera etapa -el doble en la segunda- y que abastecerá a Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y parte de Ensenada. La ceremonia se llevó a cabo pese a que ya estaba vigente un litigio por las acciones.

El acto fue simbólico porque el terreno del ejido Mazatlán de Playas de Rosarito se encuentra igual que antes de que se colocara la primera piedra porque la pieza también fue retirada tras el evento. Como indicios de la obra apenas se observa el letrero de que ahí se construirá el proyecto y algunos tubos escondidos entre la maleza que aún crece en algunas áreas del terreno, de los que previamente se extrajeron muestras de agua de mar.

El recurso fue interpuesto por EWG Water LLC contra Alejandro de la Vega Valladolid, NSC Agua SA de CV, Consolidated Water Coöpertatief WA y como tercera llamada a juicio Aguas de Rosarito SAPI de CV, por el monto de las acciones., pues inicialmente el demandante poseía 25 por ciento del total, pero el porcentaje se redujo cuando el consorcio recurrió a la gestora líder mundial en inversiones Blackrock, que se convirtió en la mayor accionaria.

La planta, con un costo de 500 millones de dólares, será construida bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APPs), cuya autorización en el Congreso del estado se hizo en medio de una polémica porque la mayoría panista se impuso en la aprobación del dictamen correspondiente en una sesión que más tarde fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por legisladores de oposición -Morena, PES y PRI.

Los legisladores refutaron que el proyecto es muy costoso pues el gobierno del estado encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid garantizó a los inversionistas el pago de 149.31 millones de pesos durante 37 años, además de que si bien se requiere agua para abastecer a la población, los 4.4 metros cúbicos por segundo rebasan por mucho la necesidad. Incluso el también panista Miguel Osuna Millán se opuso al proyecto usando este argumento.

A tiempo: Vega de Lamadrid

Vega de Lamadrid afirmó en una entrevista a principios de este mes que la empresa está dentro del tiempo en la construcción de la planta y justificó que la colocación de la primera piedra en los predios del Ejido Mazatán de Playas de Rosarito en marzo pasado fue a petición de la compañía. 

“El estado no impuso el evento de colocación porque existe un margen de inicio de obra física… la empresa no nos ha notificado que los asuntos que se están tratando entre particulares vayan a afectar el calendario programado; si mal no recuerdo deberán iniciar para el mes de junio”, afirmó.

El gobernador aprovechó para insistir que “quisiera que (la construcción) hubiera iniciado ayer o que la iniciaran hoy porque aquí el tiempo es lo que realmente me preocupa. Necesitamos el agua urgentemente y esa fuente de abasto es la que nos va a sacar de problemas, la planta desalinizadora por más de 40 años”.