Chihuahua | 16 de Enero de 2019

Fue el último periodista asesinado durante el gobierno de Javier Duarte, sexenio en el que se perpetraron 19 de los 22 homicidios de comunicadores en la entidad documentados por la CNDH de 2000 a la fecha. Foto archivo La Jornada

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Emir Olivares Alonso / La Jornada

Ciudad de México, 16 de enero.- Las autoridades de Veracruz encargadas de impartir justicia incurrieron en diversas irregularidades en las indagatorias para esclarecer el homicidio del periodista Pedro Tamayo, cometido en julio de 2016 en el municipio de Tierra Blanca, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Expuso que a pesar de que Pedro Tamayo contaba con protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, debido a que había recibido amenazas, el día del homicidio los elementos encargados de su resguardo no actuaron de forma adecuada.

Por ello dirigió la recomendación 89/2018 al gobernador Cui-tláhuac García Jiménez y al fiscal general Jorge Winckler Ortiz, en la cual acreditó que agentes ministeriales del estado cometieron una serie de irregularidades en la integración de la carpeta de investigación del caso y que los elementos de la SSP fueron omisos para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares.

Además, la CNDH hizo una serie de señalamientos que deberán ser atendidos por las instancias correspondientes.

Tamayo colaboraba en El Piñero de la Cuenca y se especializaba en la cobertura de la fuente policiaca. El 20 de julio de 2016, sujetos desconocidos le dispararon cuando se encontraba fuera de su domicilio y fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció.

Debido a las amenazas que había recibido, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la SSP local. Fue el último periodista asesinado durante el gobierno de Javier Duarte, sexenio en el que se perpetraron 19 de los 22 homicidios de comunicadores en la entidad documentados por la CNDH de 2000 a la fecha.

La CNDH determinó que se violaron los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública atribuibles a elementos de la SSP y violación al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración, por la irregular integración de la carpeta de investigación que hizo personal de la Fiscalía de Veracruz en agravio del periodista y sus familiares.

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