méxico | 15 de Septiembre de 2019

Los probables copartícipes del abogado Juan Collado permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte Foto Cuartoscuro / Archivo La Jornada

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César Arellano García / La Jornada

Ciudad de México, 15 de septiembre.- José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, probables copartícipes, con el abogado Juan Collado, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en transacciones financieras de la empresa Caja Libertad, permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte, luego de que este domingo un juez federal los vinculó a proceso.

Además, Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, otorgó seis meses para que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como los abogados de los imputados realicen las investigaciones complementarias, que concluyen en marzo del próximo año.

Los acusados permanecen desde el martes pasado en el Reclusorio Norte, luego de que el juez les decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

La FGR formuló imputación a Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y a su compadre, José Antonio Vargas Hernández, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fueron acusados de ambos ilícitos por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a causa de la supuesta compraventa ilegal de un inmueble, por 156 millones de pesos en el estado de Querétaro. De esa cantidad, Juan Collado presuntamente habría recibido 24 millones de pesos.

Los empresarios fueron capturados por la FGR el lunes 9 de septiembre en Matehuala, San Luis Potosí. Ambos figuraban como socios de la empresa que habría sido utilizada para lavar dinero.

De acuerdo con las indagatorias, presuntamente Rico Rico, considerado un importante empresario de la zona del Bajío, es una de las personas que participó en fraudes cometidos a través de la empresa financiera Caja Libertad en diciembre de 2010.

En esa organización financiera fungía como presidente y se utilizó, de acuerdo con la acusación, para lavar el dinero relacionado con la compraventa del inmueble por el que se libró la orden de captura contra el abogado Juan Collado y copartícipes.

El dinero, según la FGR fue transferido a las tres empresas que operaban supuestamente como “fachadas”: Administradora Cimatario, Administradora Ario y Despacho Integral de Inmuebles, las tres vinculadas a Rico Rico.

En la causa penal 269/2019, la Fiscalía aportó las pruebas suficientes, entre ellas las denuncias de la UIF y el testimonio de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex accionista de Operadora de Inmuebles del Centro. Vargas Hernández utilizó un poder notarial para vender el inmueble propiedad de dicha empresa, sin el consentimiento de los accionistas.

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