mundo | 15 de Julio de 2018

Los diputados que votaron en contra del dictamen argumentaron que el gobierno del estado se endeudaría con no menos de 70 mil millones de pesos. Foto La Jornada

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Antonio Maya 
Tijuana, 14 de julio. La próxima semana el ex comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se presentará en la delegación Tijuana de la Procuraduría General de la República (PGR), para entregar unas fotografías que le solicitó la dependencia federal, donde le dará continuidad a la denuncia por defraudación fiscal y violaciones a las leyes migratorias y de inversión extranjera en México, que interpuso en octubre del 2016 en contra del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En enero del año pasado Veloz presentó una ampliación a su denuncia, en la que solicitó la intervención de la Interpol para actuar en contra Trump, pero no fue hasta este año que la PGR le ha dado seguimiento al caso ya que en abril 9 del año en curso lo citó para comparecer por la demanda.

En el año 2006 el empresario norteamericano adquirió terrenos en Playas de Rosarito, para construir un complejo departamental, sin embargo, aun sin comenzar la construcción, el estadounidense inició la venta del proyecto, de lo que obtuvo ganancias que no reportó ante las autoridades fiscales mexicanas. 

Por otro lado, señaló que el próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador deberá revisar la concesión de la desaladora ya que “en los términos que está planteada no tiene justificación es un vil negocio”.

 
“Estoy convencido que esa aprobación -dictamen 95-  que se ha hecho atenta contra el medio ambiente y contra el marco jurídico nacional e internacional, y estoy convencido que con el nuevo gobierno se va tener que revisar”, expresó, Martínez Veloz.

Afirmó que el recurso jurídico que interpuso en Baja California fue debido a que  “las desaladoras –de Rosarito y San Quintín-  no fueron consultadas a los pueblos indígenas”.

Refirió que en el caso de la planta desaladora que estará en el municipio de Ensenada es diferente a la de Rosarito ya que “juegan un papel distinto debido a que la de San Quintín tiene que adecuarse en su espacio y en su eficacia para no cargárselo a los contribuyentes”, además de que se pretende recuperar los desagües que se están yendo al mar “y que hasta hoy no tenemos un sistema para poder captar esa agua que no controlamos”.

A parte de Veloz, diez legisladores locales interpusieron en diciembre pasado un recurso de inconstitucionalidad al dictamen 95 el cual fue aprobado el día 1 de diciembre del 2017 con 12 votos del Partido Acción Nacional (PAN), y uno más por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Los diputados que votaron en contra del dictamen argumentaron que el gobierno del estado se endeudaría con no menos de 70 mil millones de pesos.