mundo | 15 de Febrero de 2015

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández Foto tomada de la página oficial de Facebook de Cristina Fernández

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Stella Calloni

Buenos Aires, Argentina, 15 de febrero.- El proyecto que encabeza este gobierno es más importante “que los reflectores, que las cámaras y que lo que pueda decir un diario y siempre habrá un patriota cuando quieran avanzar contra nuestras conquistas y derechos”, dijo la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

En el acto conmemorativo del 138 aniversario del Lago Argentino, en el Calafate, provincia de Santa Cruz, la mandataria se mostró firme y desafiando los intentos golpistas, que denuncian diversos sectores del país, a la vez que ratificó la institucionalidad que la oposición pretende cuestionar.

El apoyo a la presidenta encabezaba este domingo la tendencia en las redes sociales mientras cada vez queda más en evidencia que en el escrito que impulsa la denuncia del fiscal Gerardo Pollicita contra la gobernante “no ha podido sostener nada” y se suman importantes juristas a la severa crítica contra la utilización de sectores de la justicia en una trama “golpista y destituyente”.

Se destaca que Interpol ha desmentido varias veces y públicamente la denuncia del fiscal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero, en cuanto a que no existe ningún pedido del gobierno argentino para que se levante la última alerta roja que prevalece contra un grupo de iraníes acusados -sin pruebas concretas- de ser responsables del cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994.

Veinte años de investigaciones, que dirigía desde 2004 el fiscal Nisman a la cabeza de una Unidad Especial, donde manejaba un millonario presupuesto anual, no pudieron encontrar pruebas concretas de la llamada “pista iraní”, pero la acusación se mantuvo por presiones de las inteligencias de Estados Unidos e Israel.

Por estas horas se conocen informes que indican negociaciones de Estados Unidos con Irán desde 2009. Un caso de doble moral, señala un análisis aquí, porque mientras esto sucede representantes estadunidenses participan de la falsificación de hechos que significa la considerada “insólita y débil denuncia” sin pruebas que presentó Nisman contra la presidenta, el canciller argentino; Héctor Timerman y otras tres personas el pasado 14 de enero.

La misma que retoma el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene tiene varias denuncias; fue recusado en un caso en el que se denunció la complicidad de la recientemente disuelta Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y del propio fiscal ahora acusador con el tema de la trata de menores, muchas de ellas llevadas a México.

“Yo me tomé el trabajo de leer y la verdad que no hay pruebas en la denuncia", advierte el ex fiscal del proceso a las juntas militares en 1985, Luis Moreno Ocampo, quien también fue fiscal de la Corte Penal Internacional y no es precisamente un oficialista.

Los vínculos políticos de los fiscales que convocan a la marcha del 18 de febrero, 18F, están directamente vinculados con la derechista Propuesta Republicana (PRO) cuyo dirigente Mauricio Macri, gobierna la ciudad de Buenos Aires. A otros fiscales convocantes les ofrecieron cargos en el opositor Frente Renovador, de Sergio Massa, el menemismo y el Grupo Clarín, que hasta ahora gracias a jueces “amigos” ha logrado resistir el cumplimiento de la ley de medios audiovisuales.

 

Vínculos con la dictadura

 

En el grupo de fiscales convocantes, muchos de ellos tienen lazos con la pasada dictadura militar aunque sostienen que no tienen ninguna intencionalidad política.

El apoyo que suscitan por parte de "familiares y amigos" de los militares detenidos en los juicios por la responsabilidad en el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983, que llaman a asistir a la marcha, deteriora cada vez más la convocatoria. Incluso se habla de la posible presencia de la viuda del ex dictador Jorge Rafael Videla, y Cecilia Pando, defensora de los criminales de lesa humanidad juzgados y detenidos.

Por esta razón son varios los sectores y personalidades, que han dado la espalda a esta convocatoria. El gobernador socialista de Santa Fe, Antonio Bonfanti, desafió la decisión de su partido y en especial del precandidato presidencial Hermes Binner, que participa en la convocatoria a la marcha junto a la oposición derechista.

El discurso de los fiscales convocantes “entra con contradicción con la realidad”, señala un artículo del diario Tiempo Argentino al recordar que además de los vínculos de los convocantes con la oposición “se suma la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas por la violación de derechos humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que impulsó el gobierno nacional en los últimos meses”.

Lo único que queda claro es que todos los convocantes están cruzados por un denominador común: “su manifiesto antikirchnerismo, que han hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en escritos judiciales”, señala Tiempo Argentino en una investigación de equipo, en la que recuerda por ejemplo que Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno de los más fervientes impulsores de la convocatoria, junto con el juez Claudio Bonadio, que trabajó para el menemismo “y conformó el mismo grupo político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe de la Side, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA”.

Se refiere a que hay vinculaciones de estos fiscales con los que encubrieron la causa AMIA desde un principio. En el caso de Moldes la investigación indica que “se sospecha que fue el responsable de ‘plantar’ la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche bomba en el atentado, algo que nunca fue probado”.

Hay una cantidad de datos que muestran ciertos movimientos de estos fiscales que violan las propias normas judiciales.

En el año 2012, el juez Ariel Lijo, a quien presentó su denuncia el 14 de enero pasado el fallecido Nisman, sobreseyó al ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del atentado.

La agrupación Memoria Activa (familiares de las víctima de la AMIA) apeló de esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar, por lo cual recurrieron al fiscal Nisman, “pero su respuesta fue demoledora, afirmó que ‘no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento’”, relataron los familiares.

Uno por uno son analizados los fiscales convocantes y en especial sus vínculos con la pasada dictadura militar, determinando una respuesta cada vez más activa contra la marcha y hay definiciones surgidas en las últimas horas que rechazan este “intento de golpe judicial, mediático-opositor”, que ha puesto en marcha un enorme movimiento en defensa de la democracia para contrarrestarlo.