Chihuahua | 15 de Enero de 2019

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua Foto La Jornada

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Jesús Estrada

Chihuahua, 15 de enero.-  El Gobierno federal ya dio trámite a la solicitud de extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez, prófugo de la justicia ubicado en Texas, Estados Unidos, “tema que se ha convertido en prioridad para el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, así lo aseguró Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua.

El consejero jurídico también informó que Chihuahua inició otro recurso contra la controversia constitucional que impide que jueces locales actúen contra funcionarios federales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la controversia que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto y resolvió el ministro Eduardo Medina Mora.

Jorge Espinoza Cortés añadió que pedirá al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desista en dicha controversia constitucional, ya que no tiene sustento jurídico y atenta contra el derecho de quienes se vieron afectados por el gobierno federal anterior, en relación a delitos cometidos en colusión con el ex gobernador priista César Duarte.

Dijo que la Suprema Corte ya recibió las contestaciones que solicitó Eduardo Medina Mora al Poder Judicial local y la Fiscalía General del Estado, respecto a la investigación “Justicia para Chihuahua”, estrategia jurídica para castigar los actos de corrupción de la administración estatal anterior.

En noviembre pasado, la Suprema Corte pidió todos los expedientes en donde se involucrara a funcionarios federales, con el argumento de que su eventual proceso penal no era de competencia local.

En relación a más investigaciones que realiza la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de la Función Pública local, se anunció este martes la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del actual gobierno federal.

El objetivo es permitir el intercambio de información entre ambos niveles de gobierno, a fin de hacer más eficiente las labores de fiscalización, prevención y detección de conductas de corrupción, uso de recursos de procedencia ilícita y los relacionados con éstos.