Baja California | 14 de Noviembre de 2017

​Hace dos años se estableció la veda de pesca en el Golfo de California para proteger la vaquita marina, que se encuentra en peligro de extinción. Foto Luis Arellano

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Julieta Martínez

Tijuana, 14 de noviembre.- Arturo Flores García firmó un documento que especificaba que cada mes recibiría 8 mil pesos como compensación por no poder pescar durante dos años; confiaba en que el apoyo sería suficiente para soportar la inactividad que se impuso al sector como opción para salvar la vaquita marina, pero asegura que a más de 29 meses del acuerdo con el gobierno federal no ha recibido ni un peso y no hay quién le responda, ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la cual presentó una queja en 2015.

Afirma que antes de recurrir a la CNDH pidió información de su caso a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que tenía su firma como afectado pero no recibió respuesta, también acudió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajado y tampoco hubo resultados y como última instancia -con asesoría de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste- se presentó ante el Ombdusman del país, sin que prosperara.

Flores García calcula que al menos 400 pescadores están en sus circunstancias pese a ser parte de un padrón que se suponía como base para repartir el apoyo, y señala que los presidentes de las federaciones de pescadores se han beneficiado con la veda porque han cobrado el recurso en su nombre. Mencionó específicamente a Sunshine Antonio Rodríguez Peña, de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores Ribereños y a otro que identifica como “el Cora”, pero dice que ambos están “blindados” y no puede ni acercárseles.

Asegura que Sunshine Rodríguez tiene la tarjeta bancaria que el gobierno federal repartiría entre los pescadores y afectados por la veda -que inició a finales de abril de 2015-, y mientras él ha tenido que emplearse en “lo que sea” y pescar en San Luis Gonzaga, a 230 kilómetros al sur de San Felipe. Antes de la veda trabajaba todo el año, de septiembre a marzo en la pesca de camarón, después se dedicaba a la captura de chano, sierra y tiburón.

En respuesta, Rodríguez Peña dijo entender las acusaciones en su contra por ser la “cabeza visible” de un sector, pero negó que él se haya beneficiado de la situación y señaló que los titulares de las cooperativas hicieron los padrones que se entregaron a las autoridades.

La semana pasada, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, confirmó en una entrevista televisiva que el gobierno federal ha destinado cada mes 45 millones de pesos para indemnizar a 2 mil 500 pescadores.

Si México se descuida habrá repercusiones serias

El presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Raúl Ramírez Baena, confirmó que de acuerdo con testimonios de afectados, los dirigentes de las federaciones y cooperativas de pescadores han desviado el apoyo y en lugar de entregarlo a los trabajadores han beneficiado a sus familiares, amigos y preferidos incluyéndolos en los padrones que entregaron al gobierno federal.
Advirtió que ante el desempleo y la falta de apoyo a las personas que han dedicado su vida a la pesca en San Felipe se ha incrementado el consumo de drogas y alcohol y los índices de delincuencia y en general el puerto, que siempre ha estado marginado por autoridades de los tres niveles, está más abandonado que nunca.

Ramírez Baena cuestionó la veda total de pesca en el Golfo de California ya que no ha dado resultados y advirtió que si México se descuida y sigue cediendo a la presión de Estados Unidos y ambientalistas para salvar la vaquita marina habrá repercusiones más serias en el sector pesquero, pues no se ha demostrado que la pesca sea la causante de la muerte de ejemplares de la especie que está en riesgo de extinción.

Vega ofreció apoyo permanente y coordinación

A principios de abril de 2015, unos días antes de que iniciara la veda total de pesca en el Golfo de California, el gobernador del estado, el panista Francisco Vega de Lamadrid, anunció en un comunicado la instalación de una mesa permanente de trabajo “para atender cualquier situación que se presente durante este periodo y de esa manera, coordinadamente con la autoridad federal, dar una solución a cada planteamiento relativo a dicho sector”.

Dijo que “con la finalidad de aminorar cualquier impacto que pudiera generar en el puerto la entrada en vigor la veda, se estarán fortaleciendo los programas de la administración estatal enfocados a San Felipe, lo que se sumará a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, con lo que se estará contribuyendo a la economía de las familias que dependen de la pesca, pero a la vez dicha acción vendrá a beneficiar en general a los habitantes de esta población”.

Según el comunicado, Vega dijo que “la medida se establece para realizar un escrupuloso estudio que determinará la situación actual de la especie endémica así como para establecer la población existentes de la vaquita marina en la zona del Alto Golfo, ante lo cual, el Gobierno del Estado dará puntual seguimiento al mismo y en el que se contará también con la participación de pescadores de la localidad”.

Anunció “la obtención de motores de mayor capacidad para una eficaz realización de la actividad pesquera; asimismo, la reparación de un camino de terracería de 10 km que se utiliza como el acceso a la zona de pesca y la reconstrucción de la rampa de botado del puerto, temas que son del orden federal pero que a través del Gobierno del Estado se estarán realizando las gestiones correspondientes para dar una solución definitiva lo más pronto posible”.

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