méxico | 14 de Noviembre de 2017

Se demanda a la Secretaria de Salud a través del Seguro Popular, del Programa Estatal de Respuesta al VIH y en general que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, adquirir la responsabilidad de ofertar un servicio de atención en salud de forma gratuita. Foto Letra Ese

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Letra Ese

Hermosillo, 14 de noviembre.- En días pasados, la directora Jurídica de Salud Municipal de Hermosillo, Sonora, Gabriela Saldívar Torres señaló ante los medios de comunicación que cada mes se realizan operativos en salas de masajes, table dance y en la vía pública a fin de corroborar que quienes ejercen el  trabajo sexual en el municipio tengan su tarjeta sanitaria actualizada y acudan a realizarse los exámenes médicos correspondientes. Sin embargo, si dichos exámenes indican la presencia de  una infección de transmisión sexual y la persona no acude a tratarse, podría ser llevada ante un juez calificador para que le sea aplicada una sanción.

Al respecto, la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH advirtió que en las declaraciones dadas el pasado 29 de octubre por la funcionaria municipal se denota discriminación, estigmatización y criminalización del trabajo sexual y se responsabiliza a quien le ejerce de la transmisión de infecciones de transmisión sexual.

Ante la situación, el conjunto de organizaciones de la sociedad civil de diferentes entidades federativas recordó que, de acuerdo con información de  la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM, en 24  estados de la República  la regulación del comercio sexual considera medidas de tipo sanitarias y 21 de éstas se centran en el control y la vigilancia sanitaria, siendo esto una excusa para que la trabajadora o trabajador sexual sean reprimidos y extorsionados por servidores públicos bajo el argumento de que sus papeles sanitarios no están en regla.

De igual manera, recordaron que organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el Instituto Nacional de Salud Pública y Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” han señalado que este tipo de control sanitario representa una flagrante violación de los derechos Humanos de quienes ejercen el trabajo sexual, no representa ningún beneficio en materia de salud pública y estigmatiza y ocasiona daño moral a quienes son sometidas y sometidos a dicho trámite.

Por tanto, a través de un comunicado de prensa, la Red exigió el reconocimiento del trabajo sexual y que deje ser una actividad laboral perseguida, criminalizada y estigmatizada: la reestructuración del reglamento de mando policiaco y buen gobierno del Municipio de Hermosillo; la derogación de los artículos que  criminalizan el trabajo sexual y la destitución de Gabriela Saldívar Torres.

También se demanda a la Secretaria de Salud a través del Seguro Popular, del Programa Estatal de Respuesta al VIH y en general que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, adquirir la responsabilidad de ofertar un  servicio de atención en salud de forma gratuita, universal, integral, con calidad e igualdad con respecto al resto de la ciudadanía y no sólo la pesquisa de infecciones de transmisión sexual.

Además de que jueces, magistrados, cuerpo policiaco y personal de salud reciban la debida capacitación sobre derechos humanos y trabajo sexual, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y eliminar  el control sanitario así como la exigencia de mostrar resultados clínicos.

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