Baja California | 14 de Septiembre de 2019

El secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez durante una rueda de prensa en la que aseguró que ya se presentó una controversia constitucional contra la Ley Bonilla. Foto Luis Arellano Sarmiento

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Luis Arellano Sarmiento
Mexicali, 14 de septiembre.- El Poder Ejecutivo de Baja California presentó controversia constitucional contra el Poder Legislativo, con el objetivo de que la Suprema Corte obligue a los diputados a entregar la reforma que amplía de dos a cinco años el próximo periodo de gobernador, aseguró el encargado de la política interna, Francisco Rueda Gómez.

“Los exhortos que hemos escuchado de diferentes fuerzas políticas, de diferentes liderazgos a nivel nacional, diferentes sectores en Baja California, han sido escuchados por el gobernador y hemos actuado en consecuencia, esta controversia ya se elaboró y ya se presentó, estaremos en espera de respuesta”, indicó el secretario general de gobierno.

El pasado 30 de agosto, vía Oficialía de Partes por correo certificado, acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para inconformarnos por la suspensión del proceso, situación que genera incertidumbre jurídica, refirió Rueda Gómez.

Además de la controversia constitucional, de manera formal han solicitado al Poder Legislativo que envié la reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112, misma que fue aprobada después de la elección, pero el Congreso no la entrega para su publicación, expuso el secretario de gobierno.

Recordó que para que los partidos políticos, los ciudadanos o incluso el Poder Ejecutivo en el tema de fondo, puedan hacer uso de los instrumentos jurídicos para combatir dicha reforma, es necesario que esté promulgada y publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Rueda Gómez mencionó que luego de hacer un análisis de las posibilidades legales que tiene el Ejecutivo, recurrieron a la SCJN para que obligue al Congreso a entregar la reforma y pueda ser publicada.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Poder Ejecutivo utilizará “todos los instrumentos jurídicos que están en nuestro alcance para poder combatir esta reforma que a todas luces atenta contra la voluntad popular, atenta contra el estado de derecho, por lo que el gobierno de Baja California va a utilizar todos los instrumentos jurídicos para echarla abajo”, dijo el secretario Rueda Gómez.

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