méxico | 14 de Julio de 2018

Los desastres no son naturales sino provocados socialmente, advirtieron los investigadores. Foto Carlos Ramos Mamahua / archivo La Jornada

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Redacción

Tijuana, 14 de julio.- Bajo la premisa de que "los desastres no son naturales, sino socialmente construidos", un grupo de investigadores propuso a Andrés Manuel Manuel López Obrador tomar medidas a partir de políticas públicas y dejar de ser reactivos ante los efectos de fenómenos naturales como terremotos, lluvias o erupciones volcánicas, que se convierten en emergencias por la mano del hombre.

Suscribieron el documento "El futuro de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en México: una visión de política pública desde la Academia", basado en las líneas temáticas "Del Sistema Nacional de Protección Civil", "Del carácter de las políticas públicas transversales esenciales para la gestión integral del riesgo de desastre" y "De la normatividad relacionada con la gestión integral del riesgo de desastre".

Son 30 recomendaciones argumentadas en las experiencias de desastres vividas en México y otros países -como la erupción del Volcán de Fuego de Guatemala y el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México-, cuyos efectos evidenciaron "la carencia de visión integral" a situaciones que pudieron evitarse, afirmaron 11 investigadores y académicos.

En el documento dan como antecedentes inmediatos el sismo de septiembre en México y la erupción del volcán en Guatemala y los desastres causados, así como el origen del Sistema Nacional de Protección Civil en mayo de 1986, a raíz del terremoto que devastó la ciudad de México en 1985, y las pérdidas por 2 mil 147 millones de dólares de 2000 a 2014.

"A raíz de la creación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y algunos fondos subsecuentes como el Fondo de Prevención de Desastres (Fopreden) se han invertido recursos millonarios, tanto en numerosos procesos de reconstrucción como en actividades calificadas como de prevención. Sin embargo, la evidencia muestra que los niveles de riesgo en el país continúan aumentando, así como los daños y pérdidas por desastres", advirtieron.

"Los desastres que han afectado a México en los últimos años son claramente indicativos de la carencia de una visión integral ante el riesgo", y mencionaron que aunque los sismos de septiembre de 2017 revivieron la sensación de incertidumbre y angustia resultado del impacto generado por un desastre. A casi nueve meses, y aún inmersos en la fase de reconstrucción, la memoria se borra y el interés de la política pública en materia de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) se torna prácticamente inexistente".

El documento advierte que "el marco normativo de la Política Pública en Protección Civil, en la figura de la nueva Ley 2012, que se centra en el concepto de la Gestión de Riesgo de Desastres es relativamente consistente. No obstante, el mayor problema es su incipiente reglamentación y, más importante, su implementación y falta de rendición de cuentas, lo que abre la puerta a la discrecionalidad, opacidad, impunidad y corrupción, y refleja el incipiente Estado de Derecho que caracteriza a nuestro país".

Por lo anterior recomienda hacer una evaluación crítica del Sistema Nacional de Protección Civil y determinar su funcionalidad, así como su eficacia y pertinencia, además de que se sustituya el término "desastres naturales" por el concepto "desastres" -porque son socialmente construidos- y que se evalúe la respuesta de los gobiernos federal y estatales ante los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, y que se investigue el uso de los recursos destinados a la atención de las emergencias.

Entre otros puntos plantean "garantizar la implementación de políticas de ordenamiento territorial a nivel nacional, estatal, municipal y local" y establecer estrategias para la recuperación de cuencas y recursos naturales críticos, sanciones por daños ambientales, y que se integren los planes actuales de atención de emergencias (Plan DN-III, Plan Marina, Plan México) y utilizar un Protocolo único de Coordinación y Actuación. 

En el documento -que también se entregó a los candidatos que participaron en la contienda electoral- participaron Irasema Alcántara Ayala, del Instituto de Geografía de la UNAM; Mario Garza Salinas, de la Universidad Iberoamericana; Simone Lucatello del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora; Jesús Manuel Macías Medrano, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

También Elizabeth Mansilla, consultora independiente; Víctor Magaña Rueda, del Instituto de Geografía de la UNAM; Sergio Puente Aguilar, de El Colegio de México; Daniel Rodríguez Velázquez, de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM; Ricardo Antonio Tena Núñez de ESIA, Instituto Politécnico Nacional; Gloria Vázquez Rangel, ex directora general de Emergencias Mayores de la SPC de la Ciudad de México.

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