Baja California | 14 de Marzo de 2019

El Ayuntamiento de Tijuana adeuda 220 millones de pesos, por resolución de un juez federal y descuido de las administraciones anteriores. Foto La Jornada / Archivo

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Redacción

Tijuana, B.C. 14 de marzo.- Por mayoría de votos del Cabildo de la ciudad, se aprobó la desincorporación de terrenos propiedad del Municipio con fines de venta, con el fin de pagar una deuda de casi 220 millones de pesos, que se originó luego de un largo litigio, descuidado en tribunales por pasadas administraciones.

El Alcalde de Tijuana,  Juan Manuel Gastélum, explicó que se tuvo que tomar esta decisión debido a que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos para pagar dicho monto y porque existe la orden tajante de un juez federal para pagar, quien amenazó con sancionar a los miembros del Cabildo y funcionarios municipales.

La orden el juez federal se notificó desde el pasado 23 de noviembre, y desde entonces el juez federal ha estado presionando para que se cumpla el laudo, apuntó.

El argumento de la demanda se sustenta en una promesa de venta realizada en el año 1995, cuando el hoy demandante, la empresa Roma Food Enterprise de México, entregó un predio de 118 mil metros cuadrados, y a cambio se le debía pagar un millón de pesos, pero dicho pago nunca se cumplió.

El año 2009, 12 años después, la empresa propietaria del terreno ubicado en el bulevar Rosas Magallón –donde  se construyó la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza– demandó al entonces Ayuntamiento de Tijuana, por incumplimiento de dicha promesa, y ahora, de acuerdo con la sentencia de una instancia federal, el gobierno municipal está obligado a pagar 228 millones de pesos.

La Consejería Jurídica del actual ayuntamiento agotó todos los recursos jurídicos legales para su defensa, tales como el incidente de nulidad, amparo, recursos de revisión y otros.

El regidor Arnulfo Guerrero, consideró que se trata de una resolución injusta para Tijuana, pero debe cumplirse porque así lo ordena un juez federal, que incluso amenazó con ejecutar sanciones a los miembros del Cabildo si no se cumple con el fallo.

Sobre este caso, desde diciembre pasado, la síndico procuradora Marcela Guzmán, y el consejero jurídico del ayuntamiento, Leonardo Martínez, presentaron una denuncia penal por daño patrimonial al ayuntamiento contra quien resulte responsable, por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia, ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Se asentó en la denuncia que ex servidores públicos actuaron negligentemente, porque no invocaron excepciones legales al contestar la demanda.

El contrato de promesa de compraventa de 1995 estaba condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, lo cual no aconteció, dado que en 2010 el Congreso del Estado decidió donar el inmueble al Ayuntamiento, el cual heredó el problema de pago, pero fue descuidado por anteriores admiraciones.

El alcalde Juan Manuel Gastélum, externó que es necesario dar cumplimiento a la resolución del juez federal, para posteriormente poder presentar un recurso de juicio de nulidad, ya que el actual ayuntamiento no está de acuerdo con realizar dicho pago.