Baja California | 14 de Marzo de 2017

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Antonio Heras, Lindero Norte

Tijuana, 14 de marzo.- La eliminación del fuero constitucional en Baja California pende de la aprobación de tres de los cinco cabildos que están obligados a pronunciarse a favor o en contra de la reforma constitucional en un periodo que concluye el 10 de abril. 

Aunque la modificación constitucional fue aprobada por unanimidad, es resultado de ninguna fuerza política de la entidad sino de la propuesta y presión social que ejerció la Asamblea del Pueblo en Mexicali que mantiene protestas desde el 12 de enero en contra de las políticas públicas de Enrique Peña Nieto y del gobernador panista Francisco Vega. 

Por tradición, cinco días antes del periodo vacacional los gobiernos municipales anuncian sus operativos de Semana Santa y dejen encargados de despacho y guardias en todas las áreas administrativas, a excepción de la policía. 

El caso es que se prevé solo dos semanas reales para que los cabildos convoquen a reuniones extraordinarias para discutir el tema del desafuero para gobernantes y representantes populares de la entidad que incluye además a jueces, magistrados, diputados, alcaldes y gobernador. 

El primer descalabro para la eliminación del fuero constitucional lo propinó el Cabildo de Tijuana al votar en contra de un exhorto para que el Congreso de Baja California procediera a aprobar la reforma constitucional en el pleno de sesiones y asumir la responsabilidad de votar la desaparición de esta prerrogativa, en atención al reclamo ciudadano de acotar la corrupción y la impunidad en la entidad. 

Fue el 28 de febrero cuando se hizo la sesión de Cabildo con motivo de una petición del regidor independiente Roberto Quijano de prescindir del fuero y renunciar a la inmunidad de una prerrogativa que se traduce en la práctica en un blindaje para que un servidor público no sea puede procesado penalmente sino hasta que se desahogue un procedimiento de procedencia. 

Quijano renunció a las prerrogativas contenidas en el articulo 94 de la Constitución local para estar en condición de igualdad con la sociedad. 

El priista Eligio Valencia acompañó la propuesta pero se pronunció por exhortar al congreso a eliminar de una vez por todas el fuero constitucional. 

Los panistas Luis Perez y Arnulfo Guerrero se convirtieron en los defensores del fuero y acusaron al priista de estar en un partido de asesinos y secuestradores bajo el amparo del fuero. La sesión se suspendió por el
ambiente hostil entre regidores y por considerar que la pretensión de la oposición era quitarle el fuero al gobernador Francisco Vega. 

Al final, incluido el alcalde panista Juan Manuel Gastelum, el Cabildo de Tijuana votó en contra del exhorto para que se eliminara el fuero hasta que la mayoría en el congreso lo considerara pertinente. 

La eliminación del fuero se aprobó el 9 de marzo pero deberá circular a los cabildos para determinar si se publica en el Periódico Oficial a partir que tres ayuntamientos lo aprueben. 

Hasta el sábado 12, según el ayuntamiento del alcalde Juan Manuel Gastelum, no han recibido la notificación oficial del acuerdo del congreso que está en manos de un panista. 

Gastelum declaró que el Cabildo de Tijuana votará a favor de la reforma constitucional pero solo es uno de los 15 votos que integran este órgano colegiado. Además de Tijuana el PAN tiene otros dos ayuntamientos que garantizaría que se rechace la eliminación del fuero.

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