Chihuahua | 13 de Diciembre de 2018

El ombusperson insistió en “la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores, que no es algo optativo o negociable”. Foto Cristina Rodríguez / La Jornada

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Enrique Méndez y Roberto Garduño / La Jornada

Ciudad de México, 13 de diciembre.- Implementar la Guardia Nacional debilitaría la institucionalidad civil y democrática, pues como se ha planteado “no garantiza justicia, en todo caso disuasión y genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a derechos humanos”, denunció el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al acudir a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para exponer la postura de la CNDH, en torno a la iniciativa de reforma constitucional promovida por Morena para crear la Guardia nacional el ombudsman reprochó tal pretensión, porque será una instancia integrada casi en su totalidad por personal del Ejército y de la Marina, que actuará conforme a esquemas propios de orden y disciplina militar:

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza de modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad…la seguridad es una necesidad, no un campo para intereses políticos o de otra índole”.

González Pérez inició el desglose de sus argumentos en contra de la propuesta morenista con un reconocimiento a “la contribución y sacrificios que han hecho los elementos de nuestras Fuerzas Armadas, dejando las tareas que les son propias, para hacer frente a la grave situación que en materia de violencia e inseguridad se ha presentado en diversas regiones del país. Esta participación extraordinaria ha constituido durante los últimos doce años el eje de la estrategia en materia de seguridad pública y combate al llamado crimen organizado, la cual, si bien se explica y justifica por la necesidad de emprender acciones reactivas ante situaciones críticas, también ha demostrado lo limitado de sus alcances y efectos.”

Y la paradoja que encierra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobreviene porque a doce años de la intervención de ambas instancias en el combate a la inseguridad los problemas en el país están lejos de resolverse. “Se han acumulado miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha podido, por sí misma, prevenir o remediar, además de suscitarse múltiples casos de violaciones a los derechos humanos que han sido responsabilidad directa de servidores públicos que se han alejado del debido cumplimiento de su deber, o bien, que han sido propiciadas por la falta de una verdadera institucionalidad civil y el estado de anomia imperante, producto de la violencia y debilidad del Estado de Derecho, entre otras causas.”

México, adujo, necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. “Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde el respeto y aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias.”

Refirió el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en torno al respeto de las garantías individuales, y en ese sentido “reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país, por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática. La primacía de las instancias civiles sobre las militares, no podemos verla como un mero postulado teórico, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que el libre desarrollo de la convivencia social y de nuestro sistema democrático no se vea condicionado por intereses políticos o de cualquiera otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.”

El presidente de la comisión advirtió que en México “no podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares. Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática en nuestro país, que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder y la ampliación del catálogo de derechos y libertades de los que gozamos las y los mexicanos, ha sido consecuencia de la responsabilidad y compromiso asumido por las instituciones civiles y militares, para mantener una separación básica entre ambos ámbitos y una coordinación respetuosa cuando las necesidades del país lo han requerido, cuestión que ha valido el reconocimiento, aprecio y respeto social a nuestras Fuerzas Armadas.”

Así, consideró que la iniciativa de Morena implica abrir la puerta –dijo- a que dejemos de lado el esquema de separación y coordinación que hasta esta fecha ha determinado las relaciones entre civiles y militares, para propiciar que estos últimos asuman un papel determinante en la cotidianidad de las personas, aún en aquellos lugares donde la ilegalidad, violencia e inseguridad no ha superado a las autoridades civiles, al convertirlos en garantes directos de la convivencia social en México, de la aplicación y cumplimiento de la ley, así como de los derechos de las mexicanas y los mexicanos. La fuerza es el último recurso del derecho, asumir que el derecho sólo será posible a través de la fuerza lleva implícito el riesgo de reducir la utilidad de las normas e instituciones civiles a un papel marginal, vulnerando con ello la esencia misma de nuestro Estado democrático de derecho, repuso.

Recordó que el año pasado acudió a San Lázaro para exponer la opinión de la CNDH en torno a la Ley de Seguridad Interior, y en esa ocasión “nuestras voces no fueron escuchadas y la aprobación de la Ley generó un proceso de polarización social que se canalizó mediante la promoción de diversos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se impugnó la constitucionalidad de dicha norma”.

Ahora, abundó, tenemos la certeza de que las cosas serán diferentes y que existirá la sensibilidad y apertura por parte de este honorable Poder Legislativo. “Démonos tiempo suficiente para discutir un tema de tal envergadura. La premura nos puede llevar a circunstancias y soluciones de las cuales después tendremos que, tal vez, dar reversa.

No somos ingenuos ni pretendemos cerrar los ojos ante la realidad. Reconocemos que, por el momento, no sería viable que nuestras Fuerzas Armadas dejaran de participar en las tareas de apoyo vinculadas al tema de seguridad pública, en tanto su presencia es decisiva en algunas regiones del país.”

No obstante, argumentó, la propuesta de constituir una Guardia Nacional, no es suficiente y sí encierra riesgos de fondo: “representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.”

El académico describió las razones políticas que implica el combate a la inseguridad desde la óptica de la intervención militar: “es claro que la inseguridad, violencia e impunidad no podrán revertirse si no recuperemos un esencial y necesario respeto por la legalidad, emprendiendo un combate frontal a la impunidad y a la corrupción, que haga que ésta última deje de ser una práctica redituable y se abatan los casos de colusión entre autoridades y miembros del crimen organizado.

“En este sentido, insistimos en la necesidad de contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores, que no es algo optativo o negociable. Hoy tenemos 13 Fiscalías Autónomas de membrete. Cambiaron el nombre y se llegó al extremo de que a la salida de gobernadores se cambiara la denominación y quedara quien hacía las funciones anteriores.”

Puso sobre la mesa la urgencia de una reforma integral en materia de procuración de justicia, para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable, sino un principio irrenunciable.

Y pese a la participación de las Fuerzas Armadas en acciones vinculadas a la seguridad pública, las problemáticas existentes en materia de violencia e inseguridad no han podido remediarse, “resalta el que se esté considerando el formalizar la entrega de la seguridad pública a las instituciones militares la mejor salida que como Nación podemos dar ante tales problemas. La iniciativa de reforma Constitucional no incorpora, o no percibimos, elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma, además de que no se advierte, más allá de la enunciación formal, que la medida se encuadre dentro de una verdadera política pública o plan que marque una hoja de ruta para la atención de esta materia.”

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