Baja California | 13 de Noviembre de 2017

Manifestantes en el Congres ante el dictamen 95, respecto a las desaladoras Foto Antonio Heras

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Redacción

Tijuana, 13 de noviembre.- El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado, Manuel Guevara Morales, admitió que “ya habló” con la empresa Consolidated Water a raíz de que se dieron a conocer conversaciones telefónicas de los propietarios Richard y Frederick McTaggart, quienes señalan que la planta que pretenden instalar en Playas de Rosarito a través de su afiliada NSC Agua es para exportar a Estados Unidos una parte de recurso que se procese.

Entrevistado en el programa Noticias 7 AM por Patricia Valay y David Mejía, el funcionario afirmó que “para tranquilidad” de quienes tienen dudas, el gobierno de Baja California está dispuesto a establecer una cláusula en la que se comprometa a que no habrá venta de agua al país vecino, y si la empresa está interesada en hacerlo, tendrá que ser con “otra desaladora”.

“Ya hablamos con ellos y hace unos días hicieron una conferencia de prensa, los socios principales y empleados de la empresa y desmintieron la nota”, dijo y cuando le aclararon que no fue una desmentida porque las conversaciones existen y están publicadas -en la página seekingalpha.com- aclaró que la administración estatal -del panista Francisco Vega de Lamadrid- está dispuesta a comprometerse a que no exportará.

“Si ayudara socialmente, políticamente poner una cláusula en el contrato que dijera que esta desaladora no va a vender un litro de agua a Estados Unidos, lo hacemos (pero) sería inútil porque además legalmente no lo podemos hacer, pero podemos inclusive pedirle al gobernador que lo plantee”, mencionó Guevara Morales y aclaró que esto no limitaría a que hubiera otra planta que sí exportara el recurso.

Se le cuestionó sobre un tuit que publicó la cónsul general de México en San Diego, California, Marcela Celorio, en el que se congratula por la autorización para la construcción de un acueducto binacional e insistió en que no tiene relación con el proyecto de Rosarito.

La exportación de agua a Estados Unidos tendría que ser a través del gobierno federal y en este caso el líquido que se desale en Playas de Rosarito sería vendido al estado a las tarifas acordadas, de acuerdo con el convenio firmado inicialmente, sostuvo.

El titular de la Sidue explicó que la construcción de una desaladora es parte de la estrategia del gobierno del estado para abastecer de agua a la zona costa que actualmente depende de un acueducto que se alimenta del Río Colorado, cuya capacidad llegará a su límite en cuatro años, mientras la planta quedaría concluida en tres años.

Refirió que de acuerdo con proyecciones oficiales, la población de esta área del estado se duplica cada 20 años: en 1960 había 160 mil habitantes y en 1980 creció a 360 mil; en 2000 se contabilizaron 720 mil personas y se estima que en 2040 habrá 2 millones 800 mil, de ahí que anunció que el tandeo será un hecho una vez que se rebase la capacidad del acueducto.

Guevara Morales refirió que el debate por la construcción de la planta en Rosarito se ha prolongado un año y dijo desconocer cuándo se llevará al pleno del Congreso -mediante el dictamen 95 que incluye una desaladora en San Quintín y el sistema pluvial en Mexicali- y mencionó que se requieren 17 votos o el 66 por ciento de los diputados que asistan a la sesión que corresponda.

Recordó que la licitación y adjudicación se hizo de acuerdo con la ley estatal vigente en el estado, pero “a destiempo” llegó una reforma del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como parte de la disciplina financiera, respecto a que los proyectos del esquema Asociación Público Privada (APP) deben registrarse en un solo padrón federal, y es lo que debe ser votado en por la Legislatura del estado.

El titular de la Sidue opinó que en caso de que el proyecto no sea aprobado, la propuesta oficial es que se deje en “stand by” o pendiente, en espera de “mejores tiempos políticos o económicos”, porque construir otro acueducto es muy caro y “parar el crecimiento de la población es imposible”.

Señaló que durante el año de debate no se ha planteado ninguna propuesta para el abasto hídrico de la población, mientras la administración de Vega de Lamadrid ya puso en marcha una planta el Isla de Cedros, está construyendo otra en Ensenada, que comenzará pruebas en diciembre, y las de Rosarito y San Quintín.

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