Baja California | 13 de Septiembre de 2019

Un hombre haitiano que se identificó con el nombre de Hudtsi, protesta en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (conocido en esta frontera como El Chaparral), pues este viernes las autoridades mexicanas y estadounidences solo admitieron a ocho personas (seis centroamericanos y a dos afrodescendientes) para recibir sus peticiones de asilo para su ingreso a Estados Unidos. Esto se da cuando hoy 13 de Septiembre entra en vigor algunas modificaciones a la ley estadunidence que limita estudiar los casos de peticiones a extranjeros que ingresaron por territorio mexicano. Foto Miguel Cervantes Sahagún, especial para la Jornada de Baja California.

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Kau Sirenio

Cuando Karen llega a la aduana de El Chaparral hace frío. Aun así, ella solo se cubre con una sudadera. La inclemencia del clima en la zona fronteriza no le impide permanecer allí para revisar la lista de espera de miles de guerrerenses, michoacanos y sinaloenses que llegaron a Tijuana con el propósito de entrar asilados a Estados Unidos.

La velocidad con que larga lista de desplazados por la violencia en estos tres estados aumenta día a día, contrasta con la lentitud del corrimiento de las fichas, que avanza muy poco o casi nada.

–Mi número de ficha es el 3416, pero el número de la lista es 2763 –precisa Karen cuando se le pregunta.

La historia de los migrantes desplazados que esperan su turno en El Chaparral está cargada de nostalgia y dolor. Muchos tuvieron que salir con lo que llevan puesto y apenas unos documentos oficiales; unos ni siquiera eso llevan, aunque en la Corte de Migración tendrán que presentar pruebas para acreditar que son desplazados por violencia.

Esto ha hecho que los diecisiete albergues en Tijuana estén saturados desde que esta ciudad fronteriza se convirtió en punto de llegada para los migrantes en tránsito, desplazados por violencia, retornados y deportados de Estados Unidos. La mayoría esperan su diligencia en la Corte de Migración; mientras que los deportados esperan juntar dinero para regresar a sus lugares de origen.

Los migrantes desplazados por violencia en Guerrero que no pudieron acreditar por qué piden asilo político, tuvieron que quedarse en Tijuana a trabajar y sobrevivir en las colonias populares.

Todo iba bien hasta que se desató la violencia

María (por seguridad se le cambió el nombre): Teníamos cuatro tortillerías en la parte alta de la colonia El Progreso, Acapulco, negocio que nos permitía emplear a treinta y seis estudiantes. Todo iba bien, hasta que se desató la violencia en enero 2006, cando la policía se enfrentó con civiles armados en Acapulco.

El negocio de las tortillas era rentable, nos iba bien porque los muchachos que trabajaban no tenían vicios; eso ayudó para que hubiera una relación de comunidad.

Todo marchaba bien, hasta que un día llegó un niño de trece años; venía bien vestido, nunca pensamos que fuera un chico malo. Nos trajo el recado: “Vengo de parte del patrón para avisarle que tienen setenta y dos horas para pagar cuotas para la seguridad de su negocio y de su familia”.

Así fue como empezamos a pagar 5 mil pesos, cada primer día del mes. Siempre pasaba el niño con el mensaje del patrón. Estuvimos pagando 5  mil pesos durante dos años. En este periodo no nos molestaron, veíamos gente armada, y cuando había enfrentamiento cerrábamos la tortillería a mediodía o en la tarde.

Recuerdo que un 12 de junio hubo un enfrentamiento muy fuerte en la colonia… en esa balacera murieron siete civiles armados. A partir de ese día ya no fue normal, a todos los negocios le incrementaron la cuota de 5 mil a 15 mil pesos, y no nos daban prórroga para juntar el dinero para pagar.

El jefe se fue de ahí, no lo mataron, pero se fue de la colonia, pero llegó otro.

Amenazaron con regresar a mi hijo en pedacitos

Empezaron a cobrar cuotas con mucha violencia, cuando llegaban a pedir dinero, si los dueños de los negocios no tenían para pagar, los ‘levantaban’ y los mataban, no había calma, vivíamos en zozobra.

Con la llegada de este grupo, los comerciantes empezaron a salir de la colonia… solo nos daban cinco minutos para salir de la casa, con lo que teníamos puesto. Ahora en esta colonia ya no hay negocios, los colonos tienen que ir a comprar hasta en el mercado central de Acapulco.

Cierto día llegó un grupo de siete personas a la tortillería. Abrieron la puerta con armas cortando cartuchos. Entraron cuatro y tres se quedaron vigilando. Adentro estábamos mi hijo, un trabajador y yo. Me llevaron a la bodega, me golpearon, me hincaron, me pusieron un arma en la cabeza. Mi hijo y el trabajador vieron todo. Los civiles armados no se cubrieron la cara. Después de golpearme se llevaron a mi hijo y me dijeron que lo iban a regresar en un costal de maíz en pedacitos. Me pidieron trecientos mil pesos para regresarlo con vida… antes de irse se llevaron lo que había en la caja y en el carro.

Tengo mucho miedo porque esa gente vive ahí. No me quedó de otra que entregarle un coche como garantía y treinta mil pesos en efectivo, dinero que tenía para pagar la renta y el gas. Cuando ellos se fueron, muy contentos, por cierto, nosotros salimos como pudimos de la colonia.

Ese día que llegaron era muy temprano, apenas habíamos puesto a hervir el maíz para hacer masa, mientras que en la máquina empezaba a sacar las primeras tortillas; tuvimos que dejarlo, así como estaban en marcha. Sacamos lo que pudimos y nos fuimos a la casa de un familiar para organizar las ideas y (pensar) a dónde viajar.

Mis hijos investigaron en qué ciudad había posibilidad de conseguir trabajo; optamos por Tijuana porque pensamos que podíamos conseguir asilo político en Estados Unidos; lo intentamos, pero no pudimos reunir las pruebas que nos pidieron, porque salimos sin nada, solo traíamos los documentos y una mochila con ropa. Perdimos todo.

Llegamos a un hotel; ahí estuvimos una semana, hasta que mis hijos empezaron a trabajar en la fábrica. Después consiguieron una casa donde vivir. Aquí estamos, recuperándonos poco a poco.

En dos años se incrementó la comunidad de desplazados
El activista José María García Lara, Chema, dice que en Tijuana hay 17 albergues que cobijan a miles de migrantes desplazados, retornados y deportados. “Empezamos a trabajar con los migrantes desde (el año) 2011 que estamos atendiendo a la comunidad de los deportados en la frontera porque la problemática de deportaciones está en todas las zonas fronterizas”.

Entrevistado en el albergue Juventud 2000, el coordinador de Alianza Migrante explica las problemáticas que enfrentan los migrantes en esta ciudad fronteriza.

“Desde 2016 se atiende a otras comunidades del mundo. Atendimos a la comunidad haitiana y ahora a la centroamericana. A partir de 2017 hasta la fecha estamos atendiendo toda esta comunidad que sigue llegando. Las comunidades centroamericanas siempre han llegado a la zona fronteriza de nuestro país para buscar las formas de entrar hacia Estados Unidos, como lo han hecho por muchos años”, explica.

“Desde 2017 y parte de 2018, empezaron a llegar en caravana, o que hace que se vean en volumen muy grande. Las organizaciones sociales hicieron acompañamiento a la caravana migrante porque uno de los estragos que enfrentan los migrantes en el territorio mexicano desde la frontera sur, tiene que ver con múltiples problemas. Estamos hablando de crimen organizado por un lado y hasta las mismas autoridades que les impedían el libre tránsito y que, además, los extorsionaban.

“Aquí atendemos a desplazados internos, migrantes de otros países y a los deportados de Estados Unidos. Diario está saliendo un promedio de (entre) 120 y 130 personas, y eso nos complica más porque no tenemos recursos; lo que nos ayuda mucho son las donaciones que vienen de organizaciones binacionales de California”.

Un hombre afrodescendiente permanece donde realizan fila los migrantes extranjeros cada mañana en las inmediaciones de las oficinas de INM con el fin de ser admitidos para sus solicitudes de asilo o refugio. Esto se da cuando este 13 de septiembre entran en vigor algunas modificaciones a la ley estadunidense que limita estudiar los casos de peticiones a extranjeros que ingresaron por territorio mexicano. Foto: Miguel Cervantes Sahagún, especial para la Jornada de Baja California

Dice que al mes entran alrededor de 40 personas. “En dos años incrementó la comunidad de migrantes desplazados; todos ellos huyeron por problemas de inseguridad en sus comunidades. Por el registro que hacemos en el libro de actas, y después pasamos a sistemas de cómputo, nos damos cuenta de que hay fluctuaciones. En este mes atendimos a 20 personas que vienen de Guerrero”, añade.

“En otros albergues también hay guerrerenses. Desde que empezaron a llegar, poco a poco van entrando a Estados Unidos, porque cumplen con el perfil de asilados por violencia en sus estados, en el caso de Guerrero” subraya.

Explica: “Mira, lo más complejo es que todos vienen de comunidades, huyendo de la violencia, por la inseguridad que campea en algunos puntos de ese estado. Lo curioso de todo esto, es que todos buscan protección del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Guerrero y el de México son omisos ante la ola de violencia ahí. Y esto lo vemos aquí”.

Dice que el gobierno federal ha hecho muy poco en la zona fronteriza. “Está dando mucho de qué hablar, en el caso del presidente que no tiene una disposición efectiva. Sin embargo, la gente está llegando y sigue entrando a Estados Unidos a pedir el asilo. Porque no han cerrado la puerta para pedir asilo, tanto a mexicanos como a centroamericanos”.

En una camioneta del INM, subieron a seis centroamericanos y a dos afrodescendiente para trasladarlos a las oficinas estadunidenses de Homeland Security con la finalidad de que sus casos sean revisados para considerarlos si son aptos para vistas de refugio o asilo. Foto: Miguel Cervantes Sahagún, especial para la Jornada de Baja California

La Fiscalía cobraba por investigar, y no tuvimos para pagar

En un de los albergues se encuentra Karen (también es un nombre ficticio): Estoy en este albergue porque vengo huyendo de la violencia en Guerrero, mi esposo tuvo un problema muy fuerte. Él trabajaba de taxista en Costa Chica, Guerrero… empezaron por extorsionarlo con cuotas; luego, querían que moviera la droga en su coche o llevarlo a otra comunidad. Como se opuso, ellos lo golpearon. Le fracturaron una pierna. En cuanto se recuperó se salió de ahí, mientras que nosotros nos quedamos en el pueblo. La verdad nos tuvimos que venir, porque nos estaban amenazando, porque él reconoció a esas personas.

Quisimos demandar y la verdad, las autoridades no hicieron nada. Nos pidieron dinero para iniciar la investigación; como no tuvimos con qué pagar a los de la Fiscalía (General del Estado) para que investigaran, no nos quedó de otra que venirnos a Tijuana, para que no nos encuentren.

Tengo mucho miedo de que nos vayan a encontrar o hacernos algo, por eso acudimos a este albergue, que nos están atendiendo y estamos esperando nuestro número de ficha para poder pasar por el asilo político 3416 a Estados Unidos.

El gobierno de Guerrero, no ha hecho nada, pues no nos han ayudado. Nosotros quisimos demandar, pero no pudimos, nos pidieron 3 mil pesos, que para tomar fotos y peritaje; no pudimos pagar esa cantidad porque no teníamos ni para comer, así que mejor conseguimos para venirnos para acá a buscar para sobrevivir.

Una madrina que tenemos en Estados Unidos nos mandó para el pasaje. Aquí en Tijuana estamos muy bien atendidos por este albergue, nos dan comida tres veces al día y nos ayudan con la información para ver cómo van avanzando las fichas. A veces avanza bien y a veces está muy lento, no avanza nada; cuando hay avance corren diez fichas al día y cuando no al menos tres fichas al día, hay veces que no avanza nada.

Vamos a la garita una vez a la semana, pero preferimos esperar acá, hay personas de este albergue que van allá, les pedimos que revisen cómo va la lista. Somos tres, mi esposo y mi niña. Dejamos una casa de madera; tuvimos que vender los animalitos, unos borreguitos, los tuvimos que vender para la comida.

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