Baja California | 13 de Septiembre de 2017

Instalaciones de la CESPE en el sur del municipio Foto A los 4 vientos

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Javier Cruz Aguirre, A los 4 Vientos

12 de septiembre del 2017.- Para el director de la paraestatal Carlos Loyola Peterson (en la foto, a la derecha), que llegó al cargo de la comisión luego de perder la elección a munícipe de Ensenada en 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN), gobernante en Baja California desde 1989, las causas del aumento que de momento no identificó en porcentaje, es otra: la abrogación de la Ley del Agua que contemplaba un aumento del 20 por ciento al precio del agua en Ensenada y la “metropolización” del servicio que en los hechos lo privatizaba.

También “razones ´políticas” que retrasaron los ajustes necesarios a la tarifa en los últimos nueve años, así como los millonarios adeudos que la paraestatal acumuló con el Ayuntamiento de Ensenada, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto estatal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTECALI), la Secretaría federal de Hacienda, la Comisión Nacional del Agua (COANGUA) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

En una charla que sostuvo ayer con los integrantes del grupo “Los Madrugadores”, Loyola Peterson, ex ejecutivo de la empresa trasnacional californiana Sempra Energy en México, dijo que la simple cancelación de la Ley del Agua del gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid canceló ingresos este año por 213 millones de pesos a la paraestatal.

Sin voltear a mirar el pasado de ineptitud y fallos administrativos de la comisión para afrontar demandas por incumplimiento de contratos de licitación, desabasto de agua a miles de ensenadenses por retraso en la construcción de obras y mantenimiento de líneas de conducción, ineficiencia y omisión en el cobro de la cartera vencida, y los altos salarios de funcionarios de primer nivel y de confianza, Loyola en cierta forma también culpó a la empresa trasnacional española GS Inima, constructora de la desalinizadora de Ensenada, del déficit financiero de la institución que saldó en 400 millones de pesos.

Esto porque en abril, informó Loyola, la CESPE pagó 45 millones de pesos al consorcio ibérico porque así lo señala el contrato de concesión, cifra a la que se sumarán 145 millones de pesos que se pagarán a la trasnacional en 2018 por la compra de agua, y otros 30 millones por consumo de electricidad necesario para trasladar agua del Río Colorado a través del acueducto inverso Tijuana-La Misión-Ensenada.

Y afirmó que la CESPE llegó también a esta crisis financiera porque durante nueve años las pasadas administraciones de la paraestatal, todas ellas en manos de políticos y empresarios que al igual que él llegaron a la dirección de la comisión por decisiones políticas del gobernador panista en turno, se antepusieron “razones políticas” para no aumentar las tarifas de agua a la población.

“Se fue pateando el bote todos esos años, pero ahora ya es un botezote que no puede ser pateado sin quebrarse el pie.”

Cabe destacar que el gobierno de Baja California contempló desde septiembre del 2016 y a petición firmada de Loyola Peterson, entregar a la iniciativa privada las obras de rehabilitación y mantenimiento de las líneas, red y tanques de distribución y almacenamiento de agua -potable, negra y tratada- de la ciudad de Ensenada.

En mayo pasado, el gobierno del estado Vega concesionó el proyecto, vía contrato de Asociación Pública Privada (APP) por mil millones de pesos y a un plazo de 15 años, al consorcio que integran las empresas Urbanización y Riego de Baja California (URBACA), Urbanizadora Roma y UR Obras y Servicios, que han ganado la licitación de diversos megaproyectos que impulsa el gobernador Francisco Vega.