Baja California | 13 de Septiembre de 2017

Más de 12 mil 100 personas viven hacinados en las cinco cárceles que operan en el estado. Foto 4 Vientos

Por

Por 

4 Vientos

12 de septiembre del 2017.- De los cinco Centros de Reinserción Social (CERESO) existentes en el estado, el de Tijuana fue el que obtuvo la más baja valoración del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) que la defensoría humanista realizó en el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017, con una calificación de 6.65 puntos de 10, seguido por Ensenada con 7.72, Mexicali (7.85), El Hongo I (7.87) y El Hongo II (8.88).

En promedio, la calificación  general del sistema fue de 7.79 contra los 8.26 del año pasado, “situación que preocupa a la CEDHBC –indicó la comisaría en un comunicado-ya que a pesar de las Recomendaciones emitidas al Sistema Estatal Penitenciario (…) no se observó un avance”.

Por ello, sugirió al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid “mejorar las políticas en materia penitenciaria centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia”.

La buena noticia para la administración estatal panista, la sexta en fila desde 1989, es que los Centros de Tratamiento para Adolescentes (CTAS) si observaron una tendencia a la alza cuando su calificación subió de 8.24 a 9.0 en el periodo de valoración.

En el diagnóstico, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos registró, durante el periodo mencionado, mil 606 asuntos relativos a temas del Sistema Estatal Penitenciario, de los cuales 738 corresponden a gestiones, 22 a orientaciones y 846 a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, entre las que destacan el derecho a la seguridad jurídica, a la protección de la salud y al trato digno.

Archivo

Asimismo, la CEDHBC emitió dos Recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el periodo mencionado que comprende junio de 2016 a mayo de 2017.

La primera fue la Recomendación General 1/2016 dirigida a SSPE por la violación a los derechos humanos derivada de la sobrepoblación y hacinamiento en los Centros de Reinserción Social (CERESO) de Tijuana, Mexicali y Ensenada, que derivó del primer Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria que realizó el organismo.

La segunda fue la Recomendación 3/2017 dirigida también a la SSPE por violaciones al derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, al derecho al trato digno y a la integridad y seguridad personal, lo anterior, en agravio de una mujer de 50 años (V1), derivado de la práctica de revisión indigna en el Centro de Reinserción Social Tijuana.

Como parte de las conclusiones, la comisaría observó que en los CERESOS El Hongo II, Tijuana y Ensenada, entre las irregularidades más frecuentes, se encuentra la falta del respeto al debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias y la atención a personas en condiciones de aislamiento.

“Otra de las irregularidades con mayor incidencia fueron el hacinamiento y la sobrepoblación, de lo cual es importante señalar que constituyen vulneraciones constantes y permanentes para las personas privadas de la libertad (PPL), problemática que fue materia de observación tanto por el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria que abarcó de junio de 2015 a mayo de 2016, así como de la Recomendación General 1/2016 emitida el 8 de noviembre del año pasado”.

La defensoría reiteró la necesidad de eliminar la sobrepoblación en los CERESOS de Tijuana y Mexicali para disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios, y contribuir a la prevención de la violencia porque “este un factor que genera tensión y fricción entre la población penitenciaria, propiciando incluso condiciones insalubres y la propagación de enfermedades”.

Así, propuso una mejor distribución de los reos y una revisión exhaustiva en los expedientes a fin de determinar quiénes pueden acceder al beneficio de libertada anticipada, logrando con ello una disminución de las personas privadas de la libertad.

“Igualmente se propone promover y elaborar protocolos de actuación para la atención en caso de contingencia, así como realizar un programa de despresurización con perspectiva de derechos humanos”.

En cuanto a la tercera irregularidad que se presenta en las cárceles con mayor frecuencia, la comisión encontró deficiencia en las condiciones materiales e higiene en el área de cocina y comedores.

En este rubro, el organismo humanista propuso que se efectúen mejoras de higiene en el área de cocina y comedores, realizando la limpieza de estas áreas con mayor frecuencia, se recojan los desechos y se coloquen en bolsas cerradas, así como reducir las fuentes de atracción para las moscas y proteger con tapas los alimentos.

En lo referente a los Centros de Tratamiento para Adolescentes, las irregularidades que con mayor frecuencia se observaron abarcan los indicadores denominados “existencia y capacidad de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento”,así como el de “servicio para mantener la salud”.

El organismo consideró prioritario mejorar las condiciones e implementar la infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio médico en los Centros para Adolescentes, que garantice el pleno respeto a la dignidad de los confinados, evitando con ello deterioros en la salud que pueden constituir “una forma de pena cruel e incluso pérdidas irreparables”.

Archivo

La comisión Informó asimismo que al momento de aplicar el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria la población total en los CERESOS y los CTAS de Baja California era de 12,205 personas privadas de su libertad, de las cuales 12,115 correspondía a personas adultas y 90 adolescentes.

De ese total se ubicó a 522 mujeres, 227 personas con discapacidad, 242 adultos mayores, 44 pertenecientes a las comunidades indígenas, 772 padecían enfermedades crónico-degenerativas, dos mil 833 eran adictos a drogas y bebidas con graduación alcohólica, 85 pertenecían a la comunidad de la diversidad sexual, 56 personas vivían con el VIH/SIDA y 233 personas tenían calidad en contexto migratorio internacional.

El estudio se realizó en los cinco Centros de Reinserción Social de los cuales dos son de población varonil y tres de población mixta; también se incluyeron los tres Centros de Tratamiento para Adolescentes de población femenil y varonil que existen en el Estado.

Del estudio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos explicó:

“El DESP es un análisis de derechos humanos de las personas privadas de su libertad que permite a las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario generar acciones necesarias para avanzar en el proceso de reinserción, garantizando el respeto a los derechos humanos de las y los internos.

“Asimismo, es una herramienta a través de la cual se pueden visualizar los avances, áreas de oportunidad y retos que presentan los Centros de Reinserción Social y los Centros de Tratamiento para Adolescentes, a fin de que las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario puedan utilizarlo como un documento base para generar políticas públicas.

“El Diagnóstico también es un insumo para la comunidad académica, investigadora, universidades, organizaciones de la sociedad civil y para las y los bajacalifornianos.

Y respecto a la metodología que usó para hacer el diagnóstico, reveló que lo realizaron los visitadores adjuntos de la CEDHBC, así como ocho inspecciones, quienes realizaron 22 visitas, 37 entrevistas a servidores públicos del Sistema Estatal Penitenciario, aplicaron tres mil 661 cuestionarios a presos y realizaron tres solicitudes de información a la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario.

Los rubros considerados en la investigación fueron: aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral de la persona privada de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de la persona privada de la libertad; y grupos de personas privadas de la libertad en mayor condición de vulnerabilidad.

“Es importante mencionar que la valoración de rubros se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Derecho Internacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y leyes secundarias; asimismo, normas que contienen estándares y referencias sobre el internamiento, tratamiento y condiciones para que las personas privadas de la libertad reciban una estancia digna y segura a fin de que obtengan su reinserción social”.