méxico | 13 de Agosto de 2017

Templo de Santa Rosa de Lima en el Loma de Bacúm, Sonora Foto Google Maps

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Cristina Gómez Lima, corresponsal

Hermosillo, 13 de agosto.- Autoridades tradicionales de Loma de Bácum exigieron al gobierno federal la inhabilitación y cárcel para los funcionarios que autorizaron el paso de la tubería del gasoducto por su territorio, luego de ganar un amparo ante el tercer tribunal en materia penal que confirmó el desacato de autoridades y empresarios de IEnova, Gasoducto Agua Prieta y Sempra Energy.

Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la guardia tradicional del pueblo yaqui, resaltó que entablarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos sobre sus territorios cuando ingresaron elementos del Ejército Mexicano en el enfrentamiento suscitado entre yaquis en octubre de 2016, que dejó un muerto y más de 30 heridos.

Recordó que el 26 de abril anterior la juez federal ordenó la suspensión total de la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro; sin embargo, la empresa ignoró dicha resolución y la del pasado 16 de julio, cuando se le ordenó retirar la tubería en un plazo de 24 horas lo que a la fecha no ha cumplido.

Resaltó que los responsables deben quedar inhabilitados como marca la ley, y dentro de los demandados también hay instituciones gubernamentales como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, miembros de los gobiernos de Guaymas, Bácum y Cajeme.

En conferencia de prensa, el líder yaqui aseguró que los amparos que interpusieron en torno de la obra les han dado ventaja, por lo que si la empresa no quita la tubería que instaló, ellos mismos lo harán, además de que debe reparar los daños ecológicos que provocó en sus territorios.

Flores Maldonado indicó que la etnia no está en contra de que llegue el gas natural al municipio de Cajeme, pues sólo se rehusaron a que no pase por su territorio, ya que la obra pone en riesgo la integridad de los habitantes de los diferentes pueblos indígenas.

Explicó que en el numeral 34 del resolutivo del Tribunal Colegiado se estableció que la suspensión conlleva a que no se ejecute ningún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro.

Dijo que esta suspensión no se limitó a alguna parte específica del territorio yaqui y más bien incluyó a las ocho comunidades; de ahí que fuera otorgada para suspender la ejecución de obras, a pesar de que éstas se encontraban avanzadas en 40 por ciento.