Baja California | 13 de Mayo de 2019

La ausencia de Bonilla Valdez fue acentuada con una silla vacía Foto Captura de Pantalla

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Jorge Ley

Mexicali, 12 de mayo.- Temas como la seguridad de los candidatos, el plebiscito de Constellation Brands, la municipalización de San Quintín, San Felipe y González Ortega, así como la presunta relación de Francisco Vega de Lamadrid, ejecutivo estatal y Jaime Bonilla Valdez, abanderado a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, fueron parte de los temas abordados durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Los periodistas Jorge Heras y Helga Casanova fungieron como moderadores del segundo ejercicio democrático, al lamentar la ausencia de Bonilla Valdez para disertar sobre temas relacionados con la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, política y democracia.

En su oportunidad, Jaime Martínez Veloz, candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprovechó la inasistencia de Jaime Bonilla para denunciar que aún cuenta con ciudadanía estadunidense, por lo que no puede ser elegible y porque ha mentido a la población bajacaliforniana, según consta en un documento apostillado en California.

Recalcó que Kiko Vega y Bonilla Valdez tienen intereses en común en la planta desaladora en Playas de Rosarito. Se pronunció en contra de la instalación de Constellation Brands y los intentos del abanderado morenista por ampliar el período de gobierno para la próxima gubernatura.

Ignacio Anaya Barriguete, candidato del Partido de Baja California (PBC) presentó una propuesta para que el día de la elección se prohíba la utilización de teléfonos celulares en las casillas, con la finalidad de evitar la compra de votos por parte de los partidos políticos.

Dijo temer por su vida, al entregar un libro a Oscar Vega Marín, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), en donde se denuncia la compra de votos en comicios electorales del 2013, al grado de reconocer que Baja California es inseguro para ejercer el periodismo y revelar que entregó ejemplares a la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles).

Enrique Acosta, candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la administración de Kiko Vega, ha sido la más corrupta en la historia de Baja California, al enumerar la deuda del estado y obras de dudosa reputación como las desaladoras, las cuales han sido entregadas por “compadrazgo”.

Dijo que Kiko Vega y Jaime Bonilla representan un peligro para los mexicalenses, en referencia al tema del agua en la capital. Se pronunció a favor de la municipalización de San Quintín, San Feliz y González Ortega, al lamentar que el actual gobierno no realizó ninguna consulta ciudadana.

Héctor Osuna Jaime, candidato por Movimiento Ciudadano, propuso transparentar cada uno de las compras y adquisiciones que realice el gobierno, al señalar que Kiko Vega y Xicoténcatl Leyva Mortera representan corrupción, al recordar que cuando fungió como alcalde en Tijuana realizó una consulta sobre el Plan de Activacion Urbana (PAU) para conocer la opinión de la población en torno al proyecto de obras para la localidad.

Lamentó la instalación  de la desaladora en Playas de Rosarito y la falta de democracia al interior del Partido Acción Nacional (PAN), al acreditar 24 años de gobierno y reprobar que pese la nómina en los procesos internos, lo que representa una actitud antidemocrática.

Oscar Vega Marín, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la elección se ha cerrado, y es tiempo de votar por las personas. Señaló que Bonilla Valdez es "hablador en campaña y agachón en gobierno”, además de comprar votos todos los días.

Denostó al ex gobernador Xicoténcatl Leyva, de quien se refirió como un personaje oscuro de la política, quien junto con otros ex priistas forman parte del equipo del abanderado de MORENA. Se pronunció a favor de las asociaciones públicas privadas, siempre y cuando se realicen de forma transparente, al comprometerse a revisar las aprobadas recientemente por el Congreso del Estado, a solicitud del gobernador Kiko Vega.