Baja California | 13 de Mayo de 2015

Conflicto por condiciones precarias de trabajo
Conflicto por condiciones precarias de trabajo Foto Edgar Lima

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Antonio Heras

Tijuana, 13 de mayo.- Indignados porque el gobierno de Baja California recurrió al uso de la fuerza pública como respuesta a las justas demandas de los jornaleros de San Quintin, más de 300 investigadores, estudiantes y trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá demandaron la pronta excarcelación de cuatro detenidos a quienes se les fijó una fianza total de 26 millones de pesos, resarcir los daños provocados y el respeto a sus derechos humanos.

También se pronunciaron porque autoridades de los gobiernos estatal y federal encuentren la salida justa a las peticiones de mexicanos que se ven obligados a realizar el trabajo más extenuante, con salarios insuficientes para una vida digna.

La decisión de utilizar la violencia adoptada por el gobierno de Francisco Vega en contra de jornaleros agrícolas de San Quintín se suma a los múltiples agravios que sufren sectores de la población desplazados por el territorio mexicano y que se mantienen en lucha por mejores condiciones de vida, aseguran.

Los investigadores Laura Velazco y Marie Laure Coubes, de El Colegio de la Frontera Norte, y Christian Zlolniski, de la UT-Arlington, autores del libro “De jornaleros a colonos: residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín”; José Moreno Mena, de la UABC; Nelson Arteaga, de la FLACSO; Juan Manuel Romero, de Unison; Maria Amalia García, de Ecosur; Susana Vargas y Delphine Prunier, de la UNAM; Amaranta Cornejo, de Cesmeca; Neftalí Hernández, de la Universidad de Columbia Británica; y Felipe González, de UC Berkeley, forman parte de este grupo de 345 personas que solicitaron, además, el diálogo para poner fin a un conflicto que tiene su origen en las condiciones precarias de trabajo y que ha escalado a una violencia que afecta a los trabajadores, sus familias y a toda la región de la península Baja California.

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Recientemente se presentó una iniciativa de ley para que el gobierno estatal norme el transporte público, otorgue concesiones y fije las tarifas máximas. ¿Está de acuerdo en que se les quite a los municipios?