méxico | 13 de Abril de 2016

Aludir a obra pública es sinónimo de malos manejos, apuntan especialistas en un foro del Inai. Foto AP

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Alonso Urrutia, La Jornada

Ciudad de México, 13 de abril.- En México, alrededor de 30 por ciento de las empresas en algún momento han recurrido a actos de corrupción y al menos una de cada cinco ha tenido que pagar algún soborno a la autoridad en su empeño por agilizar trámites u obtener alguna licencia.

Además, en este país aludir a construcción de obra pública es sinónimo de malos manejos por los requisitos que impone la autoridad, según dijeron especialistas durante el foro Información en el combate a la corrupcion.

Durante el foro, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el director de la Fundación Idea, Alberto Saracho, citó un estudio realizado por esta organización en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual arrojó que al menos 30 por ciento de las empresas han recurrido a alguna práctica de corrupción no solamente con el sector público, sino también con la iniciativa privada, sea para vender productos a una cadena de autoservicio o vender pintura a un gran inversionista inmobiliario.

Saracho comentó que la excesiva regulación favorece que los negocios sean presas de los distintos niveles de gobierno, donde a escala federal pueden exigirse determinados requisitos. Por eso, una de cada cinco empresas ha sobornado a autoridades para obtener licencias o agilizar trámites.

Durante la mesa denominada Negocios en la opacidad, el administrador general de la Asociación Mexicana de Restauranteros, Francisco Mijares, señaló: ‘‘Quiero decirles que la industria restaurantera la conformamos 515 mil establecimientos a nivel nacional; 95 por ciento son Pymes y ninguno nos libramos de la corrupción.

‘‘¿Por qué razón? Porque debido al exceso de trámites para poder abrir un restaurante verdaderamente es casi imposible poder cumplirlos. Estamos hablando de 117 trámites y a escala estatal podemos ir alrededor de 220 a 300, sumados a los requisitos federales.’’

Aseguró que han demandado transparentar todos los trámites, pues ‘‘nos da hasta risa porque, como dicen, a mayor regulación es mayor la corrupción; nos quieren regular tanto que nos obligan a caer en la corrupción’’.

También habló el actual responsaible de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Paratores, quien apuntó: ‘‘Voy a referirme específicamente a lo relacionado con obra pública. Efectivamente, en muchos de los casos es sinónimo de corrupción y creo que aquí hay algunas cosas que tenemos que evaluar’’. Señaló que han demandado infructuosamente a diversas instancias de gobierno transparentar los trámites en la obra pública.

No sólo el sector privado mencionó las dimensiones de la corrupción; el administrador general de Servicios al Contribuyente, Guillermo Valls, dijo: ‘‘¿Cuáles son las principales barreras, en términos de corrupción, que tienen que enfrentar los mexicanos al abrir un negocio? La corrupción, como fenómeno de desencuentro social, muchas veces es generada por normas con excesiva tramitología, con ineficientes formas de desarrollo que las convierten en normas oscuras, opacas’’.

Finalmente, para el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, el fenómeno de la corrupción es el vínculo entre los sectores privado y público que pasa por la desconfianza mutua, por lo que, aunque haya buenas leyes, sin confianza no se avanza.

‘‘La parte más dolorosa es donde hay un negocio que está expuesto, que está prácticamente secuestrado por un funcionario público para poder realizar su actividad de manera lícita y de manera sencilla. Es ahí donde debemos actuar.’’