Chihuahua | 13 de Febrero de 2018

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Rubén Villalpando, corresponsal La Jornada

Ciudad Juárez, 13 de febrero.- La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Isela Torres Hernández, presentó un exhorto dirigido al gobernador Javier Corral, para que se atiendan los casos de periodistas amenazados por funcionarios públicos de su administración y se opusieron la mayoría de legisladores del PAN.

La legisladora recordó en tribuna lo ocurrido con el consejero jurídico del gobierno estatal Maclovio Murillo, “quien lanzó amenazas a un periodista vía telefónica en las que hace mención de los delitos que él cometería en contra de comunicadores, lo cual es una llamada de atención tomando en cuenta los homicidios de Miroslava Breach y Adrián Rodríguez”.

Posterior a la presentación del exhorto mediante el cual se pedía aplicar la Ley al consejero jurídico por las amenazas vertidas a periodistas, la diputada panista Blanca Gámez refutó los señalamientos.

Al hacer uso de la palabra por segunda ocasión, la legisladora tricolor contraargumentó que ella ya ha recibido amenazas por parte de Murillo, pues le ha dicho que se le está abriendo una carpeta de investigación.

Torres Hernández señaló que las amenazas que ha recibido han sido por los señalamientos que se han hecho en contra del gobierno estatal y sobre el caso del consejero jurídico.

“Lo voy a decir en este momento aquí, porque ya el pobre venadito también a mí me está mandando amenazas, ya también me están armando carpeta. ¡Aguas, eh! A mí no me va a callar. Que no crean que por el hecho de estas amenazas me van a callar", acotó.

“Es de conocimiento público el audio que ha circulado en recientes días en el que el señor consejero del gobierno de Chihuahua emite claras amenazas de violencia e infiere que de tener que ‘usar la charola’, lo haría de una forma terrible arremetiendo contra el gremio periodista para sofocarlo”, mencionó la legisladora.

En su intervención, la coordinadora de la bancada del PRI llamó para que Javier Corral sea consciente de la mala imagen que proyecta de su gobierno y que tome cartas en el asunto para que proceda con ética y el deber que obliga su cargo, dado que Maclovio Murillo trasgredió los derechos humanos de un periodista y no debería ocupar ningún cargo público, mucho menos ser abogado del gobierno de Chihuahua.

“Las acciones de Maclovio Murillo corrompen el espíritu de asistencia social que le debe ser intrínseca a la administración pública” declaró Isela Torres quien, a su vez, citó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Chihuahua que establece que los funcionarios deben responder por hechos que sean causa de responsabilidad administrativa.

“Es imperante que el gobernador haga uso de este fundamento respecto del Consejero Jurídico, para que se emitan los procedimientos correspondientes según esta Ley y demás normatividad aplicable” comentó.

Maclovio Murillo Chávez ocupa actualmente el cargo de consejero jurídico, mismo que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, funge como abogado del Estado y representa legalmente al Titular del Poder Ejecutivo en el litigio ante cualquier autoridad y se convierte en la asesoría jurídica por excelencia de quien ostente el puesto de gobernador constitucional.

Aunado a esta situación, indicó que se presentó otro incidente similar por parte del independiente Armando Cabada quien ostenta el cargo de presidente municipal de Ciudad Juárez, mismo que amenazó al periodista Héctor González en el estacionamiento de un restaurante, con total cinismo frente a quienes se encontraban en el lugar.

“Es natural que dicho periodista ahora tema por su bienestar y el de sus familiares, pues se debe destacar que sería la tercera vez que es objeto de la conducta irracional de Cabada, lo cual es una situación indignante que vulnera sus derechos humanos” puntualizó la diputada Torres.

Insistió en que es necesario que el gobernador dentro del ámbito de sus facultades, rinda el apoyo a los citados periodistas y promueva los procedimientos a los que haya lugar en cada caso concreto y de acuerdo a la relación jurídica que guarda con ambos funcionarios mencionados.