Baja California | 12 de Mayo de 2015

La coordinadora de regidores del PRI, Alicia Martínez, dijo que hay muchos temas que aún se analizan para que puedan integrarse a la denuncia penal pero todos parten de decisiones unilaterales del alcalde y la opacidad en el manejo de recursos. Foto Jorge Heras

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Jorge Heras

Mexicali, 12 de mayo.-  El gobierno municipal será denunciado penalmente por el “gasto millonario” que efectuó para pagar refacciones de patrullas de la Policía Municipal y las decisiones que se han tomado en cabildo para modificar el contrato de recepción, tratamiento y disposición final de la basura, informó la coordinadora de regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alicia Martínez Mendoza.

En entrevista para La Jornada Baja California, la representante popular comentó que tanto la presidenta del comité directivo estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, como el área jurídica, respaldan esta acción de los ediles, incluso aseguró que los abogados de este instituto político se encuentran ya en el análisis de los documentos que serán la base de la denuncia.  

El tema principal que motivó a la demanda fue la relación entre la empresa Racota y funcionarios del 21 Ayuntamiento que pueden ser el principal motivo de las “facturas infladas” que presenta la administración del panista Jaime Díaz Ochoa por la reparación mecánica de unidades de la Dirección de Seguridad Pública.

Hay muchos temas que podrían estar en la denuncia penal, pero todos parten de decisiones unilaterales del alcalde y la opacidad en el manejo de recursos, expresó Martínez Mendoza.

De igual forma pidió la destitución de la oficial mayor, Maribel Avilez Osuna, por las anomalías que se han presentado en los gastos del municipio, toda vez que, dijo, desconoce particularidades sobre el tema bajo el argumento de estar ocupada en cosas de mayor relevancia.

En repetidas ocasiones, advirtió la coordinadora de regidores del PRI, el alcalde nos dice que no hay dinero y que las finanzas están quebradas pero tienen recursos para pagar otros servicios.  

Sobre el caso de la concesión de la basura, Martínez Mendoza comentó que el fondo del asunto no es la falta de dinero para pagar a la empresa que presta el servicio desde el 2011, ya que  consideró, se busca otorgar un contrato paralelo a la empresa privada ADSA quien actualmente realiza estos trabajos.  

“Los regidores priistas votamos en contra de esta medida porque pensamos que favorece a otra empresa, y no se necesita que tener otro proveedor cuando ni siquiera podemos pagarle a quien tiene la concesión del servicio” advirtió.

En la última sesión de cabildo, la mitad de los regidores y el alcalde Jaime Díaz Ochoa aprobaron eliminar los incisos F y H del contrato de concesión AYTO-CTO-SP-01-2010 que mantiene el Ayuntamiento con PASA ya que aseguraron se trata de una práctica monopólica que aprobó de manera colegiada la comuna que encabezó el panista Rodolfo Valdéz con los directivos de la empresa concesionaria.

Por segunda ocasión en lo que va de su administración, el presidente municipal tuvo que usar su voto de calidad ya que las posturas de los ediles estaban divididas, ocho regidores rechazaban esta medida  porque dijeron no estar enterados del documento que respaldaba esta decisión y desconfiaban de las acciones que tomaban de manera unilateral los regidores panistas junto con los del partido Nueva Alianza.

Esta acción fue señalada por lo regidores priistas como ilegal ya que , aseguraron, de acuerdo con la Ley de Régimen Municipal, dicha votación debió haber tenido la aprobación de dos terceras partes del cabildo, es decir 12 votos, por lo que la aprobación de esta medida quebranta dicha ley.

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