méxico | 12 de Febrero de 2018

Durante un acto de protesta de reporteros y ciudadanos por el asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, el 16 de mayo de 2017 ante la Secretaría de Gobernación. Foto José Carlo González / La Jornada

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Blanche Petrich, La Jornada

Ciudad de México, 12 de febrero.- Con una dosis de humor negro, entre ellos se llaman los correteados. Son los periodistas que huyeron de amenazas de muerte, secuestros y atentados en sus lugares de origen. Desarraigados, radican en ciudades que les resultan ajenas y a veces hostiles, en condición de refugiados internos, lejos de sus querencias y sus empleos. Casi todos han dejado a un lado su oficio, el periodismo.

Oficialmente acogidos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 16 informadores han sido desplazados en todo el país; más de 10 fueron ubicados en Ciudad de México. Pero, asegura Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) la cifra negra debe ser mayor, pues muchos más han huido de las situaciones de riesgo sin reportarse a instancias gubernamentales, sin resguardo alguno.

El mecanismo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienden a cada periodista desplazado en cuanto a alimentación (3 mil pesos semanales en vales para supermercado) y alojamiento, además le asignan una cantidad limitada para transporte. En algunos casos otorgan medidas cautelares (escoltas, cámaras, botón de asistencia). A quienes vienen con familia e hijos pequeños no se les da cobertura para colegiaturas ni útiles escolares. Ni hay fondos para médicos o medicinas. Y esa carencia representa con frecuencia otro factor de riesgo para el desplazado.

Desprotegidos pese al mecanismo de protección

El reportero bajacaliforniano Julio Omar Gómez Sánchez, quien publicaba su propio portal, Noticias 911, sobrevivió a tres atentados en un lapso de cuatro meses. Tres veces intentaron incendiar su casa en San José del Cabo, Baja California Sur. En la tercera ocasión había francotiradores apostados afuera. El 29 de marzo mataron a Alfredo Valle, uno de los escoltas asignados, días después de que asesinaron a Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Y el 14 de abril fue asesinado en La Paz otro periodista de la península, Maximino Rodríguez, del diario digital Colectivo Pericú, a quien Julio consideraba su mentor y amigo.

Nada raro que Julio Omar ahora sufra trastorno por estrés postraumático y esté en tratamiento siquiátrico. Las terapias son gratuitas, pero los medicamentos son muy costosos. No recibe ayuda para ello. Teme quedarse sin las medicinas que le controlan las crisis de ansiedad, pánico, insomnio o depresión.

El mecanismo tiene asignado un presupuesto de 16 millones de pesos al mes y emplea a 37 funcionarios para atender a este colectivo.

Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Chihuahua, colega y amiga de Miroslava Breach, también tuvo que desplazarse ante la errática investigación del caso de la periodista de La Jornada.

Mayorga explica que en el desplazamiento te pasa de todo: enfrentas una catástrofe económica porque pierdes tus ingresos; la familia entera entra en crisis. Te tienes que asumir como víctima, porque eso eres. Llegas a un lugar donde no conoces casi a nadie, con la autoestima bien baja porque, encima, eres periodista de provincia y vienes de un lugar donde la prensa está bien desprestigiada. Y la CEAV te trata como si fuera un programa de Sedesol. Que te proporcionen renta y comida está bien, pero ¿y la dignidad que tenemos como personas, como periodistas?

Para Gildo Garza, periodista de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el desarraigo violento que supone dejar todo de una hora a otra para salvar la vida resultó como irse apagando poco a poco. Un día amaneces en un cuarto de hotel en una ciudad ajena, con los niños asustados, dependiendo de ayuda oficial para comer los días siguientes, lampareado como conejo, sabiendo que ningún medio de prensa va a emplearte.

Gildo era propietario de un diario en Tamaulipas, de los pocos que todavía publicaban notas críticas en ese estado amordazado por las múltiples violencias. Dos veces, en 2012 y 2013, fue secuestrado por el crimen organizado como advertencia. La segunda vez fue torturado y estuvo desaparecido cinco días. En 2014 fue asesinado Mario Ricardo Chávez, su socio del diario Ciudadano. Nos lo entregaron en cachitos. Y me lanzaron una campaña de desprestigio, señalándome a mí como asesino de mi amigo y compañero.

Aun así persistió. Restructuró su periódico a un formato digital y lo llamó Cambio. En junio de 2017 se recrudecieron las amenazas y las calumnias en redes sociales. Sólo entonces su nombre se añadió a la lista de periodistas desplazados en México; seis de Tamaulipas en el tiempo que lleva en el cargo el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Deficiencias en los protocolos mínimos de seguridad

Sobre la protección que recibe del mecanismo y la CEAV, Garza expresa lo que muchos de sus colegas manifiestan en privado. Nos revictimizan cabrón. Así se sintió cuando al poco tiempo de haber llegado a Ciudad de México en calidad de refugiado interno, hospedado en un hotel, fue desalojado de la habitación con todo y sus hijos porque la CEAV no había pagado el hospedaje. En otra ocasión los dejaron tres días sin depositarles dinero para alimentos.

Luego de muchas llamadas y peticiones, la familia de Garza fue reubicada en un lugar más estable, un departamento en un séptimo piso. Ahí descubrió otra falla en el cumplimiento de los mínimos protocolos de seguridad. El día del temblor, 19 de septiembre, bajamos todos despavoridos. Y ahí, en plena calle, entre los vecinos que hasta ahora no conocía, identifiqué al menos a 10 familias de desplazados bajo la protección del mecanismo, entre periodistas y defensores. Nos tenían a todos juntos, por si alguien nos quisiera encontrar, no batalle tanto.

Amenazas al alza: se duplican los casos

Sólo en 2017, según los informes del mecanismo, fueron admitidas 92 solicitudes de acción urgente para proteger a periodistas en el país, el doble de las registradas el año anterior (46). De esas, la mayoría de los ataques (38) provenían de servidores públicos, 31 de particulares y 29 de agresores no identificados. De un total de 81 agresiones, 64 fueron amenazas que el mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, consideró reales.

Un equipo de relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las fallas y vacíos en las instancias creadas para proteger a comunicadores en riesgo. “Los periodistas desplazados frecuentemente se sienten perdidos –subrayan en un reporte de la visita que realizaron a México entre el 27 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado– en lo que parece ser falta de coordinación entre los distintos mecanismos para protección y asistencia a víctimas”.

Después de entrevistarse con varios de ellos, resumen que las medidas de protección son inadecuadas. Refieren que las instancias gubernamentales no ponen atención integral a la situación de salud, necesidades educativas para sus hijos y empleo.

Omar Bello, periodista desplazado de la Costa Grande de Guerrero, refrenda lo anterior: Eso es lo más extremo: te desplazas, salvas la vida por el momento, pero, ¿vas a dejar a tus hijos sin escuela, sin seguro social? Pues no. Pero es muy complicado resolverlo. Te absorbe todo tu tiempo y energías. He pedido ayuda a la CEAV, pero me dicen que ellos no tienen contactos ni con la Secretaría de Educación Pública ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Entonces?

 

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