Baja California | 11 de Noviembre de 2017

Francisco Vega de Lamadrid. Foto Alberto Elenes

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Mireya Cuellar

Ensenada, 11 de noviembre.- “Se me está acabando la saliva de decir que no hay ninguna negociación o documento que diga que la planta desaladora de Rosarito va a vender agua a California”, señaló ayer el gobernador Francisco Vega de Lamadrid en torno a la planta que el gobierno del estado pretende construir en Playas de Rosarito vía una Asociación Público Privada (APP) cuyos compromisos de pago se extienden los próximos 37 años.

Durante una conferencia de prensa ofrecida al finalizar la reunión de la Comisión de Infraestructura de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario respondió a lo dicho por el diputado Luis Moreno, quien con la transcripción de conversaciones sostenidas entre los socios de la empresa que ganó la licitación para construir la desaladora, mostró que las negociaciones con el Distrito de Aguas de Otay (California) estaban vigentes en agosto pasado -hace poco más de dos meses-.

Vega de Lamadrid señaló que el contrato que se firmó con Consolidated Water -CW-, que ganó la licitación por conducto de NSC Agua, establece que toda el agua desalada será vendida al gobierno del estado, y descalificó las transcripciones, señalando que no son de agosto pasado, sino del 2009.

También aludió al artículo 27 de la Constitución, que, dijo, no permite vender el agua de la nación, y que la adquisición del líquido permitirá a los municipios ubicados en la costa del Pacífico bajacaliforniano terminar con la dependencia de suministro del Río Colorado (gracias a un acuerdo México-Estados Unidos firmado a mediados del siglo pasado).

El agua desalada -apuntó Vega- será para complementar el consumo de la población de Tijuana, Rosarito y Tecate, y en un futuro también se le entregaría a Ensenada. Este último es el municipio que tiene la sequía más severa, que hoy obliga a decenas de colonias populares a surtirse con pipas y también amenaza el cultivo de la uva que requieren las vinícolas del famoso Valle de Guadalupe y la producción masiva de fresa, pepinos, tomate y hortalizas para la exportación que se da más al sur, en el Valle de San Quintín.    

En los últimos años, explicó, se ha estado discutiendo el tema de la escasez de agua con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con una “visión de futuro”  y las Asociaciones Público Privadas (APP) son impulsadas por el gobierno federal; “en San Quintín urge llevar agua porque se sembraban 30-35 mil hectáreas y ahorita solo se cultivan 9 mil, y el agua es tan salina que no hace espuma” cuando se mezcla con jabón para las actividades domésticas. “Necesitamos una fuente de abasto que sea propia”, apuntó.

Las conversaciones de los hermanos Frederick y Rick Mc Taggart -propietarios de CW, con domicilio en las Islas Caimán- con socios y analistas van de marzo de 2009 hasta agosto de 2017, y se encuentran en el portal de Seeking Alpha (seekingalpha.com), firma dedicada al análisis de los mercados de valores y financiero de Estados Unidos. En las transcripciones se habla del interés del gobierno mexicano por vender agua a ese país y de las muchas posibilidades de empezar pronto a construir la planta.

En esta guerra del agua -el gobernador señaló que el tema se ha politizado y que quienes se opongan a la construcción serán los políticos “más odiados” en la historia del estado- se han puesto sobre la mesa los dichos de unos y de otros. El pasado 8 de junio la cónsul de México en San Diego, Marcela Celorio, ofreció un dato importante.

De su cuenta de tuiter, @XBorderConsul, salió un “Nos necesitamos” celebrando el permiso otorgado por el Departamento de Estado (un permiso presidencial) para que un ducto atraviese la frontera desde México hacia Estados Unidos y @OtayWater pueda importar agua de la “Planta Desalinizadora Aguas de Rosarito”. Se trata del dicho de una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores.