Baja California | 11 de Abril de 2019

Vecinos de las colonias Juárez y Cacho han realizado plantones para exigir la reubicación del Semefo porque la saturación de cuerpos provoca malos olores y escurrimientos Foto Tomada de Google Maps

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Mireya Cuéllar/La Jornada Baja California

Tijuana, 11 de abri.- El Servicio Médico Forense de la ciudad no sólo huele mal –porque los cuerpos se apilan en mesas sin refrigeración– y suelta sanguaza que corre por una calle aledaña a sus instalaciones, sino que maneja los cuerpos con tal “descuido” que entregó a una familia el  cadáver equivocado, según una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) en la cual se narra el periplo de los familiares para intercambiar un cuerpo que no era el que reclamaban.

En los últimos días, vecinos de las colonias Juárez y Cacho han realizado plantones para exigir a la autoridad la reubicación del Semefo porque la saturación de cuerpos provoca malos olores y escurrimientos,  y hoy la CEDHBC emitió la Recomendación 2/2019 dirigida al presidente del  Tribunal Superior de Justicia, Salvador Juan Ortiz Morales, por la misma situación: mal manejo de los cadáveres.

Ante lo que está ocurriendo –se han ventilado otros casos, pero las familias no lo denuncian – la Comisión ordenó al Semefo elaborar un manual de procedimientos en el que deberá detallar los pasos a seguir “para el adecuado resguardo y posterior entrega de los cuerpos”. Las fotografías que circulan en las redes sociales, donde se ven los cadáveres unos sobre otros, han tenido como respuesta de la autoridad que el número de ejecuciones diarias los tiene rebasados.

La narración de la CEDHBC dice que el 17 de abril de 2018, V1 (hombre de 57 años de edad) murió en la Colonia Cumbres de Juárez en Tijuana, a causa de una herida producida por un proyectil de arma de fuego. Seis días más tarde, el 23 de abril V2 (hombre de 43 años de edad) falleció en el Hospital General (HGT), también por heridas de arma de fuego. Los dos cuerpos fueron a dar al Semefo.

El 4 de mayo de 2018 los hermanos de V2  acudieron a las instalaciones del Semefo a identificar el cuerpo. Después acudieron a la PGJE para que se les expidiera la orden de liberación. Con el documento regresaron al Semefo y recibieron un cuerpo que se les dijo era el que habían identificado. Contrataron los servicios funerarios y lo trasladaron y sepultaron en el panteón “OakdaleMortuary” en la Ciudad de Glendora, California, Estados Unidos.

La CEDHBC identifica a los técnicos del Semefo y a un auxiliar administrativo como los responsables de la “sustitución y confusión”. Días después la Procuraduría autorizó al Semefo a mandar un grupo de cuerpos a la fosa común, fue cuando otro servidor púbico se percató de que    el cuerpo de 57 años que estaba asociado a la carpeta de investigación número 1, con datos de no reclamado, no se encontraba, mientras los restos de V2 continuaban en las instalaciones.

Por todo lo anterior Q1 (prima de V2) interpuso Queja ante la CEDHBC, lo que dio inicio al expediente CEDHBC/TIJ/Q/1359/18/4VG. A este caso resulta aplicable –dice la Comisión– el artículo 41 del Reglamento del Servicio Médico Forense para el Estado de Baja California, en el que se establece el derecho al trato digno a favor de las personas que han perdido la vida y se encuentran a disposición del Semefo, al establecer que los cadáveres deberán de ser tratados con el debido respeto al efectuar su manejo físico.

Las “acciones y omisiones”de los trabajadores del Semefo –punta– llevaron a que V1 fuera sepultado en la Ciudad de Glendora, California, situación que irrumpió con las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas de respeto previstas en la norma vigente, toda vez que las acciones desplegadas hacia V1 y V2 no fueron conforme al trato humano y con el respeto debido a la dignidad, lo que en una de sus aristas implica el no ser tratadas como un objeto. La familia tuvo que volver a afrontar el procedimiento institucional para liberar el cuerpo de su hermano, lo que consiguió hasta 6 meses después.

Quedaron evidenciados así  “la falta de la supervisión y el cuidado, así como el profesionalismo” del personal del Servicio Médico Forense, que depende del Poder Judicial. “La CEDHBC hace patente la necesidad de que las instituciones públicas, proporcionen un trato digno y respetuoso a las personas, brindándoles una adecuada atención, evitando en todo momento agraviarlas, como lo sucedido en el presente caso, con lo cual se advirtió una responsabilidad institucional en materia de derechos humanos”.

La Comisión condena también al Poder Judicial a la reparación del daño de manera integral, “debiendo incluir la atención psicológica, psiquiátrica y tanatología, oportuna y gratuita, que lleguen a necesitar las víctimas, con base en las consideraciones planteadas” y establezca sanciones.