méxico | 11 de Febrero de 2019

Las cámaras de Diputados y Senadores y el Poder Ejecutivo Federal tendrán 30 días hábiles para contestar a la Suprema Corte de Justicia, con ello se da entrada a la primera controversia en contra de la figura creada en esta administración. Foto Jesús Villaseca / archivo La Jornada

Ciudad de México, 11 de febrero.- El gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles, interpuso una controversia constitucional en contra de los llamados superdelegados del gobierno federal, misma que ya fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se admite a trámite la demanda que hace valer quien se ostenta como consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo”, se lee en la lista de notificaciones del Alto Tribunal.

El expediente fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, quien se encargará del proyecto de resolución.

El gobernador Silvano Aureoles, a través del consejero jurídico, presentó la controversia para impugnar diversas normas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Tendrán 30 días hábiles las Cámaras de Diputados y Senadores, así como el Poder Ejecutivo Federal para contestar a la Suprema Corte de Justicia, con ello se da entrada a la primera controversia en contra de la figura del superdelegado.

“Se requiere a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para que al dar contestación, por conducto de quienes legalmente las representan, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como por el que se reforma el artículo 21 de la referida ley, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates”.

“Se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que, en el plazo indicado con antelación, envíe a este Alto Tribunal un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se hayan publicado las normas controvertidas en este medio de control constitucional”, señala.