Baja California | 11 de Enero de 2019

Guzmán Valverde subrayó que la demanda se sustenta en una promesa de venta donde el hoy demandante entregó un millón de pesos por un predio de 118 mil metros cuadrados, el cual nunca fue devuelto. Foto Cortesía

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Redacción

Tijuana, 11 de enero. - La síndico procuradora de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde, presentó ayer una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En este sentido, la síndico destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son las instalaciones de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza.

Toda vez que exservidores públicos omitieron invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el exsíndico procurador asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana; además que el exsíndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa.

Recordó que el Gobierno del Estado en 1995 celebró un contrato de promesa de compraventa con un particular (Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V.), condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, situación que no aconteció, dado que en 2010 el Congreso del Estado decidió donar el inmueble al Ayuntamiento.

“Al no concretarse el contrato, el particular en 2009 presentó una demanda en contra del Gobierno del Estado, quien a su vez mandó a llamar como tercero al Ayuntamiento de Tijuana, mismo que en 2009 contestó la demanda y en 2010 celebró un convenio a través del síndico municipal, en el cual asumió el carácter de deudor sustituto, comprometiéndose a pagar la deuda de la administración estatal”, sostuvo la síndico procuradora.

Guzmán Valverde subrayó que la demanda se sustenta en una promesa de venta donde el hoy demandante entregó un millón de pesos por un predio de 118 mil metros cuadrados, el cual nunca fue devuelto.

“Anteriores administraciones no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente no contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien resulte responsable”, puntualizó la síndico.

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