Baja California | 11 de Enero de 2018

Fue denunciada por médicos que la atendieron en el Hospital General de Ensenada. Foto 4 Vientos

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Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

Ensenada, 11 de enero.- Una mujer de 23 años enfrenta un proceso penal en Ensenada por presuntamente provocarse la expulsión de un bebé de 18 semanas de gestación, hecho que el Código Penal de Baja California sanciona con pena de cárcel de uno a cinco años.

El incidente ocurrió el 3 de enero en el Hospital General local y la porteña fue presentada dos días después en un juzgado (Número Único de Caso 01-2018-146), acusada de cometer el delito de autoaborto, o aborto consentido, prohibido por el artículo 133 del Código Penal de Baja California.

El Ministerio Público denunció que la mujer aceptó haber tomado misoprostol para provocar el aborto luego de que los médicos que la atendieron descubrieron tres pastillas de ese fármaco en el interior de la vagina de la paciente, que llegó al hospital el 3 de enero en mal estado de salud.

Fueron los médicos quienes hicieron el primer reporte del incidente a la autoridad del hospital y estas a su vez alertaron del caso a las instancias ministeriales.

La acusada ya sostuvo una primera cita con el juez y afronta el problema en libertad ya que la fiscalía no solicitó medidas cautelares en su contra. Deberá presentarse a una nueva audiencia el próximo 10 de marzo.

En Baja California el aborto está penalizado y la mujer no es incriminada si hay un accidente, una violación, una enfermedad que ponga en riesgo la vida de la madre o una inseminación artificial no consentida.

El Código Penal de Baja California indica en el capítulo 5, artículo 133, que en el caso de un autoaborto o aborto consentido se impondrá una pena de uno a cinco años de prisión a la mujer que lo practique. La misma sanción se aplica a quien le ayude a hacerlo.

Años atrás -2009-, el Congreso del estado legisló a favor de lo que llamó “el derecho a la vida” y condenó a severas penas de cárcel -sin derecho a fianza- a toda mujer que tuviera un aborto.

La Procuraduría estatal de los Derechos Humanos, entonces a cargo de Francisco Javier Sánchez Corona, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma y el 8 de septiembre de 2011 los magistrados votaron por mayoría a favor del ombudsman. 

Sobre el ilícito de aborto que por primera vez comienza a registrar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a noviembre del año pasado, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto: 74 mujeres fueron acusadas tener o practicar la interrupción del embarazo.

El segundo lugar nacional lo ocupó Baja California, en donde se concentró el 15 por ciento de las investigaciones ministeriales iniciadas contra mujeres que interrumpieron un embarazo (72 casos).

De acuerdo con el nuevo registro de datos del Sesnsp, también en 2017 el Estado de México reconoció a 38 mujeres como criminalizadas por practicar un aborto. En Tamaulipas se iniciaron 30 investigaciones, Nuevo León contó 29 casos, mientras en Guanajuato y Jalisco se registraron 27 casos respectivamente, y Veracruz contó 20.

Una investigación de la agencia Cimac (Comunicación e Información de la Mujer, AC) indica que entre las cifras del Secretariado sobresale el caso de la capital del país, ya que a pesar de que es la única entidad en la que se puede interrumpir un embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación; después de este periodo el aborto se considera un delito que alcanza penas de tres a seis meses de prisión o una sanción de 100 a 300 días de trabajo comunitario, de acuerdo con el artículo 145 del Código Penal.

En todo el territorio nacional la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para las víctimas de violación sexual ya que las mujeres pueden solicitar un aborto en las instancias públicas de salud sin necesidad de presentar una demanda, continúa diciendo la agencia.

“En caso de que la víctimas sea menor de 12 años de edad es necesario que acudan con un tutor, así lo establece la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).

“Asimismo, en México el aborto es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley de cada estado, por ejemplo: cuando el embarazo afecta la salud de la mujer; el producto presenta malformaciones congénitas; el embarazo es producto de inseminación artificial; si el aborto es provocado de manera imprudencial (accidente) y cuando la economía precaria de las mujer se agrava al continuar el embrazo.

“Debido a que la aplicación de estas causales varían en cada estado, en 2012  el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes estatales relativas al aborto (recomendación 33).

“El Comité CEDAW asegura que es necesario eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo y se vean orilladas a acudir a métodos inseguros que colocan su vida en riesgo por lo que recomendó al gobierno mexicano asegurar que todos los proveedores de servicios médicos apliquen debidamente la NOM 046.

“Este año (2018) el Estado será evaluado por el Comité para conocer el avance de estas recomendaciones en el acceso de las mujeres a derechos como la salud y otros ámbitos de sus derechos”.

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