Baja California | 10 de Agosto de 2018

Mencionó que los 5 estados más preocupantes son  Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Foto La Jornada Baja California

Por

Por 

Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California
Tijuana, 10 de agosto.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no ha visto una investigación seria” de parte de las autoridades –y en algunos casos, incluso, lo que ha descubierto es “simulación- a la hora de pretender resolver alguna de las 176 agresiones a periodistas que analizó, de las cuales más de 100 terminaron en el asesinato de quienes ejercen la libertad de expresión.

Al presentar en Baja California la campaña “Con Violencia no hay libertad de expresión”,  Edgar Corzo Sosa, Quinto visitador General de la CNDH, hizo un llamado a los gobernadores a tomar con seriedad las denuncias en un contexto donde la violencia alcanza a todos los estados, aunque son cinco los más preocupantes;  Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

En estas entidades se han dado el 50 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas del país, 57 en lo que va de la presente administración. Con videos, documentales, carteles, charlas, la CNDH ha empezado por sensibilizar a los propios reporteros sobre la necesidad de que exijan resultados de las denuncias por agresión.

Si bien la campaña está dirigida a la sociedad en su conjunto, los funcionarios del organismo defensor de derechos humanos llamaron la atención sobre la importancia de que los periodistas “reclamen” a los servidores públicos - los principales acosadores de quienes ejercen la profesión de informar, según las estadísticas- cuando manejen un “lenguaje de agresión”.  “Hay que sensibilizar para prevenir, hay que evitar las agresiones”.

Corzo Sosa y Rodrigo Santiago Juárez, éste último director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, expusieron que la campaña parte de la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México que mostró la “ineficiencia” del Estado para garantizar la integridad de quienes ejercen el periodismo. 

Para esa Recomendación se analizaron los procesos judiciales (las investigaciones) de 176 casos de agresión a  informadores y se descubrió que eran “un desastre”. La evaluación arrojó que  había averiguaciones previas de casos que tenían 15 años, otros cinco, un año, estaban apenas en la indagatoria “dime qué pruebas vas a tener después de 15 años que te ayuden a resolver un caso”, apuntó Corzo. El resultado fue que el 90 por ciento de asesinatos y agresiones quedan impunes y sólo el 10 por ciento se resuelven.     

El objetivo debe ser evitar “que siga esa rampante impunidad; porque esto quiere decir que cualquiera puede levantar la mano contra un comunicador y no va a pasar nada. Nosotros hacemos lo que nos toca; hay que sumar esfuerzos”, convocó.

Los comentarios sobre los cortos y carteles de la campaña  corrieron a cargo de Melba Adriana Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la directora del semanario ZETA, Adela Navarro.