Baja California | 10 de Julio de 2019

Kiko Vega, sin facultades para vetar, en este caso. Foto Archivo / La Jornada BC

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Mireya Cuéllar

Tijuana, 10 de julio.- El anuncio del gobierno del Estado, de que Francisco Vega de Lamadrid no publicará en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional aprobada la noche del lunes por el Congreso local, para ampliar de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla como mandatario estatal, intentando hacer creer que él puede ejercer algún veto, es “pirotecnia política” porque no tiene facultades para ello, explicaron abogados consultados por La Jornada Baja California.

El gobernador, según el artículo 33, puede hacer observaciones a las reformas legales y decretos administrativos, pero las reformas a la Constitución del Estado están fuera de su alcance. No tiene facultades ni siquiera para hacerles observaciones, como puede ocurrir con las reformas a leyes locales.

El artículo 33 de la Constitución del Estado libre y soberano de Baja California –capítulo III, que se refiere a las iniciativas y la formación de leyes y decretos– dice textualmente: “Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y Promulgadas por el Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34 de esta Constitución”.

Y el 34 a la letra señala: “Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo”.  Dicho artículo consta de varios incisos, y el G establece con toda claridad:

“G.- El gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución”.

¿Qué dice el 112? Que la Constitución de Baja California sólo podrá adicionarse o reformarse con el voto de las dos terceras partes de los diputados, se enviará a los Ayuntamientos y una vez que el Congreso sea informado y el cómputo le indique que la mayoría más uno de ellos estuvo a favor de la adición o reforma, “la misma se declarará parte de esta Constitución”.

El Congreso aprobó precisamente una reforma constitucional –no a una ley– al Octavo transitorio, para establecer en uno de sus incisos que el periodo del gobernador, que comienza el 1 de noviembre de 2019, termina el 30 de octubre de 2024.

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Recientemente se presentó una iniciativa de ley para que el gobierno estatal norme el transporte público, otorgue concesiones y fije las tarifas máximas. ¿Está de acuerdo en que se les quite a los municipios?