Baja California | 10 de Mayo de 2015

Foto Roberto Armocida

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Antonio Heras

San Quintín, 10 de mayo.- Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) atacaron a la comunidad triqui de la colonia Nueva San Juan Copala, en el Valle de San Quintín, bajo el supuesto de que algunos jornaleros querían ingresar a un rancho para incendiarlo. El saldo fue de 70 heridos, siete de ellos de gravedad, y cinco detenidos por diversos delitos, de acuerdo con Justino Herrera, líder de la comunidad triqui en la región.

Los policías usaron balas de goma para detener originalmente a una persona, por lo que los integrantes de la comunidad salieron a su defensa. Ahí empezó la lucha, ya que unos lanzaron piedras y usaron palos para repeler el ataque policiaco.

Hay rabia en el tono de los relatos: desde que llegaron, los agentesempezaron a tirar balazos contra la gente, estaba desnudo en la casa y lo golpearon, fue la patrulla 885, se llevaron a unos que nada tenían que ver,eran otros los que tiraron piedras y yo estaba ahí, vi cuando lo tiraron al suelo y les quitaron celulares a quienes grabaron la agresión, pero lo más grave es el testimonio de un hombre al que los policías le espetaron: ahora sí se fregaron y los vamos a matar.

La represión se produjo en el contexto del paro que los jornaleros agrícolas mantienen en el valle de San Quintín por mejoras laborales.

La mañana del sábado, un grupo de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social acudió a Rancho Seco, uno de los campos productores de tomate, para pedir a sus compañeros que no ingresaran a trabajar y esperar hasta la visita del subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, para dar respuestas a sus demandas.

El dueño del rancho llamó a la policía bajo el supuesto que querían incendiar las instalaciones, por lo que una veintena de patrullas pretendieron detener a los aliancistas.

La fuerza pública arremetió contra la comunidad triqui en San Quintín, irrumpió en casas y detuvo a jornaleros, incluidos menores de edad. Los policías detuvieron a 17 personas, la mayoría lesionadas por la fuerza pública, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público.

Una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado informó aLa Jornada que la mayoría fue liberada al determinar que sólo fueron señalados por faltas administrativas al violar el bando de policía.

En cambio, cinco quedaron detenidos acusados de incendiar patrullas y unas parcelas y de propiciar los disturbios.

Se rumoró que hubo tres muertes, incluso una residente dijo contar con sus identidades, pero el gobierno de Francisco Vega aseguró en un comunicado que las corporaciones policiacas confirmaron que no se cuenta con registro de decesos de persona alguna.

Plantón y amenaza de Miranda

Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, denunció que la represión se produjo como consecuencia de la amenaza telefónica que le hizo el subsecretario de Gobernación Luis Miranda, quien incumplió con la reunión pactada para este viernes 8 de mayo con el fin de resolver el conflicto laboral. Sánchez lo responsabilizó de esas acciones contra los jornaleros.

El operativo provocó el cierre, durante un par de horas, de la carretera Transpeninsular, a la altura de San Telmo y Vicente Guerrero. También fueron incendiadas dos patrullas de la PEP, una de ellas blindada y dos vehículos particulares de agentes municipales.

Versión oficial

El operativo ocurrió alrededor de las 9 horas, según el gobierno del estado, luego que se recibió un reporte que indicaba que en la calle Lomas de San Ramón, en la colonia Nueva San Juan Copala, se encontraban varias personas que intentaba ingresar a la fuerza a un rancho ubicado en la zona triqui, con la intención de incendiar el lugar.

Los agentes de la PEP llegaron al lugar, donde constataron que varias personas cometían disturbios al incendiar parcelas, por lo cual procedieron a intervenir para evitar cualquier tipo de riesgo.

En el boletín se asentó que fueron capturadas algunas personas, acción que detonó agresiones contra los oficiales, así como daños contra las patrullas de la corporación, las cuales fueron incendiadas con gasolina, además de que tres elementos estatales resultaron con heridas menores a causa de piedras y palos.

La administración estatal hizo un llamado para mantener el orden y reiteró su respeto a todo tipo de manifestaciones públicas, pero enfatizó que no se permitirán actos que atenten contra la seguridad y el libre tránsito de las personas y sus bienes. Pidió que se continúe con el diálogo, con la búsqueda de acuerdos y consensos que permitan avanzar en la mejora de vida de todos los residentes de San Quintín, señala el comunicado.

Barbarie y represión: El Colef

Es una política irresponsable ordenar a la policía que ingrese a colonias y a las casas de los jornaleros porque dejan en la indefensión a mujeres, niños y hombres, y tampoco pueden controlar la situación de riesgo y, en su caso, de enfrentamiento, señaló la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) Laura Velasco.

Se trata de una represión contra los trabajadores y sus familias, pues con esta acción se ha escalado a niveles que ningún gobierno puede hacer, y advirtió que se han roto los términos de solución del conflicto, cuyo origen es legítimo en términos reales, pues se pide incremento salarial y mejoras en sus condiciones laborales.

Tras señalar que si alguien hizo algo ilegal deben detenerlo en su momento pero no entrar a la comunidad cuando los jornaleros se preparan a realizar sus labores o la población está en las calles por ser fin de semana, pero mucho menos a sus casas, como lo hicieron la mañana de este sábado.

“Meter a policías a colonias es inaudito porque no se puede controlar lo que hacen en los operativos”, expresó Velasco, una de las autoras del libro De jornaleros a colonos: residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín.

Ausencia de resultados

La falta de acuerdos entre gobierno, patrones y jornaleros ha derivado en una polarización del movimiento de reivindicación por mejores salarios en San Quintín, lo cual es lamentable, dijo el diputado ensenadense Armando Reyes Ledezma.

La polarización incluso entre grupos de trabajadores agrícolas se debe a esa falta de respuestas, agregó, no es justo que por reclamar mejores condiciones de trabajo nuevamente sean los más pobres los que aporten los muertos y los heridos en el conflicto, además que no es entendible que ante un desorden social los policías usen sus armas.

El legislador convocó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Francisco Vega a atender el reclamo de los jornaleros y exigió que la policía estatal no use sus armas de fuego contra los jornaleros ni balas de goma para reprimir a la gente que está esperando una respuesta justa. Es urgente que se replieguen los cuerpos policiacos de la zona del conflicto para que no se registre ni un disparo más y ni un muerto más en San Quintín, concluyó.

Sondeo

El albazo legislativo endeudó a los bajacalifornianos, incluidos niños, durante 37 años. En su opinión: