diputados federales | 10 de Enero de 2019

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Redacción

Ciudad de México, 10 de enero.- La diputada Tatiana Clouthier Carrillo dejó claro que apoya un mando civil y por ningún motivo militar para la Guardia Nacional. Además, consideró que la temporalidad para la guardia debe ser de tres años, porque con cinco años de mando castrense, prácticamente “éste determinaría quién gobernaría el país los siguientes seis años; me niego a poner eso como antesala”.

Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.

Al participar en las Audiencias Públicas en la materia, en la mesa “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.

Propuso que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el Régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.

González Pérez refirió que de 2013 a la fecha, son 137 denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De éstas se encuentran en proceso 20; sentencias condenatorias, seis; absolutorias, cinco, y las demás en proceso. En tanto, la Secretaría de Marina tiene 64 denuncias en proceso; una sentencia condenatoria y dos absolutorias.

Mientras que las responsabilidades administrativas de 2013 a la fecha, suspensión de empleo o cargo de 30 días, dos; amonestación privada, cuatro, esto en la Marina. Por su parte, a la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, dos; destitución e inhabilitación de 10 a 15 años, tres, y amonestación pública, cuatro, “todo esto evidencia parte de la problemática”, expresó el titular de la CNDH.

Externó su preocupación de que las reformas en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial, pues se deja de lado la visión integral e insistió en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, en recursos, capacidades y operaciones reales y efectivas; es decir, “no se trata sólo del perfil de sus titulares, sino se requiere de marcos normativos y operativos adecuados”.

“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente; en estas tareas los mecanismos externos de la supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante”, sostuvo González Pérez.

Subrayó que la propuesta no establece ningún componente de garantía para que los integrantes de las fuerzas armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que se repliquen esas acciones.

Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

También, el impacto sobre la investigación del delito y el sistema de justicia penal, que llegaría a tener la reforma y, finalmente, la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, en función de que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado.

Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.

Explicó que en una sentencia, la propia Corte reafirma que la seguridad ciudadana debe estar asignada a los cuerpos civiles, y sólo cuando las circunstancias lo ameriten pueden involucrarse instituciones militares, pero con una participación regulada mediante protocolos del uso de la fuerza.

Destacó la necesidad de establecer un mando directo civil para la guardia y quitar la facultad de investigación a los militares. “El documento, como está, abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones castrenses”.

Se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia. Agregó que tampoco se contempla facultad del Congreso para legislar con alcance nacional sobre el nuevo organismo.

Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que el dictamen que crea la Guardia Nacional socaba el régimen constitucional y el federalismo.

Afirmó que la guardia no funcionará para traer seguridad, pues la evidencia es que la militarización exacerba la violencia. “Está visto que ante mayores delitos, más se justifica la reducción de los derechos humanos, y los datos indican que la tasa de homicidios se disparó luego de llamada guerra contra el narco”.

La letalidad de las fuerzas armadas es grande y existe una práctica extendida por todo el país. También ha crecido la tortura y el maltrato; por ello, dijo, se tienen que exigir cuentas al Ejército y la Marina sobre su actuar en los últimos 12 años. “Se les exime de entregar sus índices de resultados y no informan sobre los civiles muertos desde 2014”.

Indicó que es posible establecer una Guardia Nacional de carácter civil sin trastocar la Constitución y arropar legalmente a los militares activando el artículo 29 constitucional, de otra forma, ese órgano de seguridad será un instrumento del gobierno central, advirtió.

Añadió que en el cuerpo del dictamen debe quedar claro que la guardia será civil, así como el régimen transitorio para la utilización del Ejército y su retiro de las calles. Asimismo, robustecer las facultades de fiscalización y solicitud de información a la guardia por parte del Senado.