Baja California | 10 de Enero de 2019

En 1995 el Gobierno del Estado celebró un contrato de promesa de compraventa con la empresa Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V., condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, pero en 2010 la Legislatura local decidió donar el inmueble al Ayuntamiento y no se regresó el dinero que se había adelantado. Foto cortesía

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Redacción

Tijuana, 10 de enero.- La síndica procuradora de la ciudad, Ana Marcela Guzmán Valverde, presentó una denuncia penal ante la Agencia de Delitos Patrimoniales contra quien resulte responsable, por las afectaciones de un fallo de un juez que obliga al municipio a pagar más de 228 millones de pesos debido a que se descuidó un juicio promovido por un particular a quien no se le devolvieron un millón de pesos por un predio de 118 mil metros cuadrados que se le había ofrecido en venta.

La denuncia es por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia contra ex servidores públicos, por su desempeño respecto a "la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son las instalaciones de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza".

En un comunicado de prensa y sin dar nombres señaló que "actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el ex síndico procurador asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el ex síndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa".

Los hechos se derivan desde que en 1995 el Gobierno del Estado celebró un contrato de promesa de compraventa con la empresa Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V., condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, pero en 2010 la Legislatura local decidió donar el inmueble al Ayuntamiento.

"Al no concretarse el contrato, el particular en 2009 presentó una demanda en contra del Gobierno del Estado, quien a su vez mandó a llamar como tercero al Ayuntamiento de Tijuana, mismo que en 2009 contestó la demanda y en 2010 celebró un convenio a través del Síndico Municipal, en el cual asumió el carácter de deudor sustituto, comprometiéndose a pagar la deuda de la administración estatal", dijo Guzmán Valverde en el comunicado.

La síndica señaló que "anteriores administraciones no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente no contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien resulte responsable".

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