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La Jornada Baja California

El 9 de noviembre de 1945 entró en vigor el Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, que había sido firmado en febrero del año anterior, a partir del cual se estableció la distribución del agua de los ríos Bravo, Colorado  y Tijuana.

La relación fronteriza entre Estados Unidos y México ha fomentado entre los países lazos económicos, sociales y políticos, lo que en muchas ocasiones genera conflictos de intereses entre ambas naciones. Una de sus principales problemáticas ha sido la definición de las fronteras y las decisiones acerca del agua de los ríos internacionales.

Aunque durante el siglo XX y lo que va del XXI ha habido un clima de cooperación entre México y Estados Unidos, el uso compartido de los ríos  Bravo y Colorado ha resultado en varias disputas diplomáticas debido a que representan un recurso indispensable para las actividades agrícolas y la vida cotidiana de los dos países.

No obstante que el tratado de Tratado de Aguas Internacionales firmado en 1944 estableció las regulaciones para el uso y aprovechamiento de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana por cinco entidades de Estados Unidos y dos de México, las disputas en torno a este recurso han continuado a través de los años.  

En la década de los cincuenta, por ejemplo, México realizó una inversión para disminuir la salinidad del río Colorado. En el mismo periodo, en el valle de Wellton-Mohawk, Arizona inició un programa para extraer aguas de drenaje cuyos desechos se vertieron al río, lo cual triplicó el nivel de sales desu agua, situación que afectó considerablemente las cosechas del valle de Mexicali y de San Luis Río Colorado.

Ante las protestas del sur de la frontera, se llevaron a cabo reuniones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y, aunque en un primer momento Estados Unidos argumentó que en el Tratado Internacional de Aguas no existía ningún punto acerca de la calidad del agua que se enviaba al sur, en 1972 la Comisión decidió que las aguas de Wellton-Mohawk no entraban dentro de la cantidad de las aguas correspondientes a México y el conflicto quedó sin resolver.

En la actualidad, del Río Colorado dependen más de 36 millones de personas de México y Estados Unidos, incluídos más de 2 millones de habitantes de Baja California, además de 200 mil hectáreas de cultivos en los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, en Sonora.

El problema principal en la materia es la escasez del líquido debido a alrededor de 17 años de sequía en la región. Ante esta situación, el pasado 27 de septiembre, los países firmaron el Acta 323, un adéndum del Tratado de 1944 que compromete a ambas naciones a colaborar ante una posible escasez de agua en el Río Colorado, con vigencia hasta el 2026.

El acuerdo establece, entre otros puntos, acciones de conservación de ecosistemas del Delta del Rí Colorado con el aporte de agua, financiamiento y monitoreo científico por parte de los dos países, así como el mejoramiento de la productividad y la administración sustentable del líquido, lo cual incluye posibles recortes voluntarios de agua con el objetivo de reducir el riesgo de una declaratoria de escasez.

De acuerdo con los organismos de la sociedad civil que atestiguaron la firma del Acta 323, el nuevo acuerdo "posibilita un futuro hídrico más seguro para todos los usuarios del agua del Río Colorado". 

No obstante, la controversia continúa debido a que los agricultores del Valle de Mexicali consideran que el Acta 323 llamada “Extensión de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua en la Cuenca Río Colorado”, implica la venta de aguas nacionales, a cambio de infraestructura a crédito. (va/vp).

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