Baja California | 09 de Mayo de 2019

Los ayuntamientos tienen un mes para votar a favor o en contra de la creación y mientras tanto el Congreso cuenta con 90 días para crear la Ley Orgánica del nuevo ente que tendrá autonomía operativa y jurídica. Foto captura de pantalla

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La Jornada Baja California

Mexicali, 9 de mayo.- Con 17 votos a favor y seis en contra, luego de un largo debate en sesión extraordinaria, la XXII Legislatura bajacaliforniana en pleno aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado -a propuesta del gobernador Francisco Vega de Lamadrid-, cuyo titular permanecerá nueve años en el cargo y solo podrá ser removido por voto de las dos terceras partes del Congreso y su remoción no será objeto de ningún recurso, salvo una "opinión" del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Al comienzo de la sesión, cuyo inicio tuvo que aplazarse porque no había quórum -solo se encontraban cinco diputados- el legislador de Morena Héctor Mares Cossío votó en contra del orden del día porque contenía el dictamen 111 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el cual "no se había socializado", pero fue rechazado.

La legisladora de Morena y ex panista Victoria Bentley Duarte, coincidió en que no fue socializado, pero además señaló que de inicio la iniciativa está viciada, aunque aclaró que no está en contra de la fiscalía general, pero no debe pertenecer a ningún partido. Argumentó que para su aprobación no se tomó en cuenta una adenda que entregó, como titular de la Comisión de Justicia, pero Raúl Castañeda Pomposo (PAN) afmó que hacía referencia a artículos derogados y por eso no se consideró.

 

Bentley Duarte acusó que el día que se aprobó el dictamen no se tomó en cuenta su participación ni la del diputado Mares Cossío que acudieron a una reunión que se llevaría a cabo en Tijuana y que finalmente se hizo en Mexicali, a las 10:30 de la noche a donde no fue convocada.

Sus comentarios generaron la réplica del diputado del PAN Andrés de la Rosa Anaya, quien defendió la aprobación del dictamen 111 en la Comisión de Legislación; también del priista Alejandro Arregui Ibarra que cuestionó el supuesto uso de los temas legislativos con fines político-electorales, y advirtió que no se trata de nombrar un "fiscal carnal". El también panista Miguel Osuna Millán aclaró que sus votos siempre son a favor de las necesidades y advirtió la urgencia de contar con una Fiscalía General. 

Autónomo, con personalidad jurídica

Para la creación de la Fiscalía General del Estado se modificaron 14 artículos de la Constitución Política del estado que incluyen los términos de quienes pueden participar en la elección y los requisitos, de las atribuciones del nuevo órgano, y hasta de la remoción del titular y su entrada en vigor y su integración, así como las cuestiones de operatividad -se crean las fiscalías de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción- y facultades de los titulares.

Según el artículo 27 de la Constitución estatal, la designación debe ser por mayoría calificada, y en el artículo 93 reformado se indica que serán sujetos de juicio político diputados locales, magistrados del Poder Judicial del Estado, consejeros de la Judicatura, el secretario general de Gobierno, el titular de la secretaría del Ejecutivo, el fiscal estatal, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y funcionarios municipales, de acuerdo con la lectura que hizo el diputado panista Raúl Castañeda Pomposo.

En el artículo 94 se indica que se podrá proceder penalmente contra el gobernador del estado y los presidentes municipales, entre otros funcionarios y para ello bastará con que un juez de control dicte auto de vinculación penal en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Fiscalía General del Estado es un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía interna y de decisión; una vez que sea creada se le transferirán los bienes muebles e inmuebles, así como procesos, procedimientos y compromisos -incluidos laborales con el personal- de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y absorberá el Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Una vez agotado el proceso legislativo, la creación de la Fiscalía debe obtener el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos del estado, pero en caso de que en un mes no se haya emitido votación, se emitirá la declaratoria y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Mientras, en un plazo de 90 días posterior al decreto, el Congreso local debe expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía.

La votación se llevó a cabo por cédula, es decir que cada diputado colocó su decisión en una ánfora, y salvo algunos como Bentley Duarte, la mayoría no mostró la papeleta que se le entregó.