méxico | 09 de Abril de 2019

En su fallo, Seeborg dijo que se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas. Foto Alberto Elenes / archivo La Jornada BC

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Redacción

San Francisco, 9 de abril. Un juez federal de San Francisco puso freno este lunes a la política antimigrante del presidente norteamericano Donald Trump, que le impediría regresar a México a los solicitantes centroamericanos de asilo, en tanto una corte migratoria decide su caso.

La orden del juez no entrará en vigor hasta el viernes próximo en todo Estados Unidos y puede ser apelada; pero pone fin, de manera temporal, a los Protocolos de Protección al MigranteProtocolos de Protección al Migrante que se aplican a los solicitantes de asilo no mexicanos que ingresan por la frontera sur de este país.

La decisión la tomó el Juez Richard Seegborg, luego que 11 centroamericanos solicitantes de asilo -provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala- pidieron suspender la práctica, mientras la demanda procede en el sistema judicial.

De este modo, los demandantes, quienes fueron devueltos a México cuando solicitaron asilo, podrán entrar al país, aunque el magistrado dejó a discreción de las autoridades estadunidenses que sean arrestados o dejarlos en libertad condicional, en tanto se resuelve su caso.

Los demandantes fueron de los primeros centroamericanos que fueron devueltos en el puerto fronterizo de San Ysidro, California, que conecta con Tijuana, ciudad a donde llegaron la mayor parte de los integrantes de las caravanas provenientes de Centroamérica, que el presidente Trump ha tratado de impedir lleguen al país.

De acuerdo al juez de San Francisco, la política de devolución aplicada por la Casa Blanca, carece de las garantías suficientes para que los migrantes no enfrenten "riesgo indebido a sus vidas o libertades" en México. Añadió que que la ley en que el gobierno de Trump fundamenta su autoridad para devolver a los migrantes no aplica para los centroamericanos como los que presentaron la demanda.

Los demandantes –provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala– fueron de los primeros devueltos por esta política en el puerto fronterizo de San Yisidro, en California, que conecta con la ciudad de Tijuana.

Allí llegaron la mayoría de los migrantes en las masivas caravanas provenientes de Centroamérica, muy criticadas por Trump.

La política de devolverlos carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten riesgo indebido a sus vidas o libertades en México, señaló el juez. Seeborg agregó que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.

La política de Washington "Quédate en México" (Remain in Mexico), que se inició a partir de enero, en San Diego, busca detener los flujos de inmigrantes a las fronteras, y representa un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, de acuerdo a autoridades gubernamentales y expertos, ya que los solicitantes eran liberados en el país y se les entregaba un citatorio para que acudieran al tribunal.

Quédate en México inició en enero

Se desconoce si el gobierno solicitará a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto.

El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, el paso más transitado de la frontera, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en el tema. Por lo general, las familias que solicitaban refugio eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal..

El fallo del juez se conoció un día después que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, renunciara a su cargo y en tanto el gobierno de Trump enfrenta contratiempos relacionados con sus estrictas medidas antimigratorias, que incluyen reveses a las políticas de separar a las familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes. 

En su fallo, Seeborg dijo que se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas.

Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.

El lanzamiento de la política antimigratoria se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.