Baja California | 08 de Febrero de 2018

Tijuana cerró enero con el récord nacional de 185 homicidios dolosos -en 2017 sumó mil 734, un 90 por ciento más que en 2016, que ya había sido considerado el año más sangriento-, que tiene desbordado el Servicio Médico Forense (Semefo), donde no hay sistema de refrigeración que pueda acumular tal cantidad de muertos, la mayoría no reclamados. Foto Margarito Martínez / La Jornada Baja California

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Mireya Cuéllar, La Jornada Baja California

Tijuana, 8 de febrero.- El 20 por ciento de las 900 armas que la policía de Tijuana decomisó el último año son de uso exclusivo del ejército; seis estaban cargadas, listas para ser usadas, sin embargo, como la posesión de armas de fuego no es un delito que implique prisión preventiva, los detenidos fueron puestos en libertad apenas unas horas después. El 80 por ciento de los detenidos en esta frontera son liberados por un juez.

En el foro binacional denominado 1ª  Cumbre Internacional de Seguridad Ciudadana, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) esta semana, los consulados de México en San Diego y de Estados Unidos en Tijuana, así como asociaciones ciudadanas y empresariales, se presentaron diagnósticos sobre el origen de la violencia en la ciudad.

Tijuana cerró enero con el récord nacional de 185 homicidios dolosos -en 2017 sumó mil 734, un 90 por ciento más que en 2016, que ya había sido considerado el año más sangriento-, que tiene desbordado el Servicio Médico Forense (Semefo), donde no hay sistema de refrigeración que pueda acumular tal cantidad de muertos, la mayoría no reclamados.

Especialistas de El Colegio de la Frontera Norte, la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León y representantes de instituciones de Estados Unidos y México que participan en distintos programas de prevención al delito -sobre todo aquellas que incorporan a ciudadanos y empresarios- hablaron de los entornos violentos y algunos ejemplos de “intervención”, con diversos programas públicos y privados que inciden en la disminución de la delincuencia.   

La ubicación geográfica opera contra la ciudad, dijo su titular de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, quien recordó que hasta la década pasada el problema fue el trasiego, el control de las rutas para hacer llegar la droga a Estados Unidos. Ahora, dijo, el origen de la violencia está en la venta de estupefacientes en las calles, en el narcomenudeo, porque Tijuana tiene un problema creciente de consumo y lo primero que quiere asegurar el grupo que pelea el control de la plaza es el comercio local.  

Pero además hay una gran disponibilidad de armas porque en Estados Unidos no hay control en la venta y una revisión más exhaustiva de los miles de vehículos que todos los días cruzan de Estados Unidos a México -la estimación es que 120 mil personas van diariamente, la inmensa mayoría a trabajar  por las mañanas y regresa a dormir- haría perder tres o cuatro horas en la línea y ello “colapsaría” la economía de Tijuana, una ciudad aceitada por quienes ganan en dólares y pagan el supermercado y la renta con billete verde.   

El resultado es que la policía se topa todos los días con tres delitos en un solo incidente: personas que circulan en autos robados en posesión de armas y droga. De acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal ninguno de ellos amerita prisión preventiva, el acusado puede salir bajo fianza.

“Las condiciones en la frontera no van a cambiar”, señaló el funcionario encargado de la seguridad del municipio, quien afirmó que 13 por ciento de las detenciones son por narcomenudeo. Hay una gran cantidad de muertos, que son tirados en la calle o asesinados en casas que la autoridad identifica como “narcotienditas”, pero no hay detenidos por esos hechos.

La policía municipal ha perdido en los últimos 10 años alrededor de 500 elementos –porque no pasan las distintas evaluaciones que se han impuesto últimamente-, mientras la población creció y cuenta con entre 250 y 300 mil habitantes más. No han encontrado manera de reponerlos.  

“Jalisco Nueva generación está tratando de tener el control a través de narcomenudistas y pandillas… entendemos a los jueces que fueron formados en un sistema garantista que funciona muy bien para los ciudadanos de bien, pero los delincuentes están abusando de él… hay que detenerlos tres o cuatro veces para poder, al final, colocarlos en las cárceles”, se quejó.

Usaid promovió su programa Juntos para la Prevención de la Violencia -que es financiado con recursos del plan Mérida- y que se aplica en varias zonas metropolitanas del país -Monterrey, Guadalajara, Tijuana, la capital de Chihuahua, Juárez y Morelia- focalizado en la población joven de alto riesgo y operado por organizaciones comunitarias y empresariales que trabajan con una terapia cognitivo conductual.

Para el caso de Tijuana está involucrada la organización Tijuana Innovadora, que encabeza José Galicot. Uno de los objetivos de Usaid es incorporar a la iniciativa privada en estos programas a partir de que el “cobro de piso” es el segundo delito que más padece el sector empresarial y es importante que se involucre en la solución del problema.

Con la tesis de que el 0.5 por ciento de los habitantes de una comunidad provoca el 75 por ciento de la violencia, y de que hay ciudades de Estados Unidos donde un modelo denominado “Disuasión Focalizada” ha rendido frutos, este, también fue presentado en el foro.

Más allá de estudios y modelos para afrontar el problema de la violencia, el alcalde Juan Manuel Gastélum insistió en una entrevista posterior al encuentro, que si el gobierno federal quiere realmente combatir la violencia use su mayoría en el Congreso y cambie la legislación para que la portación de armas y de drogas sean delitos que ameriten cárcel. Hizo referencia a las debilidades del nuevo sistema de justicia penal.

Aludió el ejemplo más reciente -aunque no tienen relación con el narcotráfico-, desalentador para una sociedad que está cansada de la impunidad. Al joven de 18 años que el martes de la semana pasada atropelló y mató a dos niños y un adulto -aparentemente por manejar y textear- , le impusieron una multa de 40 mil pesos y fue puesto en libertad; igual la joven de 21 -ella manejaba en estado de ebriedad- que mató a tres hombres el domingo 28 de enero (ambos conductores perdieron el control y se subieron a la banqueta), el juez le dio libertad con el pago de una fianza de 900 mil pesos. Estos casos provocaron un rechazo social que se expresó en las redes sociales.