Baja California | 07 de Diciembre de 2017

Predio localizado al inicio del Libramiento Rosas Magallón, en la delegación La Mesa Foto Google Maps

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Alberto Elenes

Tijuana, 7 de diciembre.- La venta ilegal de un terreno que realizó la administración de Jorge Astiazarán, y por lo cual la actual Sindicatura Municipal presentó una solicitud de juicio político en contra del entonces alcalde y otros funcionarios, ya había sido denunciado formalmente desde el 9 de septiembre de 2016 ante la Sindicatura Procuradora, según consta en una copia de esa denuncia administrativa que está en poder de La Jornada Baja California.

La denuncia, según el documento, fue presentada originalmente por la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) integrada por el entonces síndico social, Bernabé Esquer Peraza y por el regidor Alejandro García Lópe; tiene el sello de recibido por la misma Sindicatura con esa fecha.

En la primera hoja se pide que se ordene la realización de un procedimiento administrativo con el objetivo de realizar una revisión exahustiva del proceso que debió seguirse para integrar el expediente relacionado con el inmueble identificado con la clave catastral CF-252-181, cuyo Dictamen XXI-DUOSP-011/2016 fue discutido y votado durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del propio Ayuntamiento de Tijuana.

Según lo expuesto en la denuncia, fue la propia Presidencia Municipal la que incluyó ese dictamen en la orden del día de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2016 para que fuera sometido a votación por todo el cabildo.

La denuncia expone que los ediles -votó el cabildo en pleno- confiaron en que el expediente técnico se había integrado apegado a la normatividad y que se revisó su procedencia jurídica, por lo que fue votado de manera unánime la desincorporación del Dominio Público Municipal y luego la enajenado a particulares en subasta pública.

El argumento expuesto para presentar la denuncia se basó en el artículo 16 de la Ley de Régimen Municipal para el estado de Baja California, donde establece que los bienes de propiedad municipal podrán ser desincorporados bajo la responsabilidad del ayuntamiento, cuando por algún motivo dejan de ser útiles para la prestación de un servicio público o algún otro aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

Este terreno que había sido donado por el gobierno del estado al ayuntamiento de Tijuana y que el año pasado fue vendido en 4 millones de pesos a una empresa transportista, había sido asignada para uso de seguridad pública y actividades deportivas, y para darle un uso o destino diferente se requería la autorización previa del Ejecutivo estatal, según consta en el contrato de donación.

El 8 de septiembre de 2016, es decir, un día antes de la denuncia presentada en Sindicatura, la oficialía mayor del gobierno del estado, informó al municipio de Tijuana que no era posible acceder a la solicitud de cambio de uso de suelo. De esa manera se le informaba que no podía vender la propiedad con el objetivo de que fuera utilizado para otras causas ajenas a las que motivaron su donación al ayuntamiento.

En la misma denuncia se informa a Sindicatura Municipal que la administración Astiazarán sabía de las limitantes jurídicas previstas en el contrato de donación. Por tal motivo se denuncia que la oficialía mayor omitió  de manera intencional en los documentos presentados durante la sesión extraordinaria de cabildo -así como a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos- “hacer mención alguna respecto de la limitante contenida en la Cláusula Quinta del referido contrato de donación, habida cuenta que dicha limitante prohibía al donatario (el Ayuntamiento de Tijuana), darle al inmueble un uso distinto a la prestación de servicios públicos municipales relacionados con la seguridad pública o actividades deportivas, so pena de que el donante (Gobierno del Estado) promoviera la reversión de la propiedad del inmueble”.

De comprobarse la acusación, se pedía presentara la denuncia respectiva ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE) para que deslindara las responsabilidades correspondientes e incluyera la posibilidad de que los responsables pagaran con cárcel los delitos cometidos.

Fue hasta la semana pasada, cuando la actual síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, junto con el consejero jurídico del ayuntamiento, Leonardo Martínez Delgado, presentaron una denuncia de juicio político contra el ex presidente Jorge Astiazarán Orcí (a fin de que se le inhabilite para ocupar un cargo público) y quienes resulten responsables de esta venta, cuyo afectado, según las actuales autoridades municipales, es el comprador a quien se le podrá ofrecer otro terreno en su lugar o el regreso del dinero.

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