Baja California | 05 de Mayo de 2015

Las autoridades estatal y federal tienen la obligación de aplicar protocolos de investigación especiales a la hora de investigar el asesinato contra mujeres, para determinar si fue feminicidio o no, bajo el principio de  la no discriminación
Las autoridades estatal y federal tienen la obligación de aplicar protocolos de investigación especiales a la hora de investigar el asesinato contra mujeres, para determinar si fue feminicidio o no, bajo el principio de la no discriminación Foto Eneida Sánchez Zambrano

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Eneida Sánchez Zambrano

Mexicali, 5 de mayo.- Las autoridades investigadoras federales y estatales tienen la obligación de que toda muerte violenta contras mujeres debe recibir seguimiento con perspectiva de género y sin discriminación para determinar si se trata o no de un feminicidio.

Esta resolución la planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de marzo gracias al amparo en revisión 554/2015, referente a la muerte violenta de una mujer de 29 años en Ensenada, y la investigación realizada en torno a la misma.

La decisión de la Primera Sala destaca que, siguiendo estándares  internacionales, nacionales  e incluso locales,  y con base en derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación,  la investigación debe determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte, descartar el motivo de la misma y, en su caso, determinar si se trató de feminicidio.

La Primera Sala de la máximo tribunal de la nación destaca  que en el caso de las muertes de las mujeres deben preservar las evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, y realizarse los periciales pertinentes  para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.

También deberán investigarse de oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer.

La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia, refirió en sus argumentos el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Organizaciones de la sociedad civil en Baja California han destacado la falta de protocolos de investigación con perspectiva de género

En Mexicali, en lo que va del año se han registrado 10 homicidios contra las mujeres y en Tijuana hasta abril eran 12.

El coordinador contra la Delincuencia Organizada en Mexicali, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), David Lozano Blancas, aseguró que actualmente el área jurídica de la institución está trabajando en la construcción de protocolos relacionados con perspectiva de género, que debieron estar aprobados desde el 2008, cuando se aprobó la Ley Estatal Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.

Mientras tanto, informó, realizan las investigaciones que basadas en los protocolos que ya tienen establecidos la Procuraduría General de la República que no tienen limitaciones en cuanto a territorio para su aplicación.

La activista María del Carmen Rioseco informó que después de haber  integrado una investigación para proponer una alerta de género en Baja California por los hechos violentos contra las mujeres, destacó que organizaciones de la sociedad civil propondrán una fiscalía especializada en feminicidios para  la entidad, como el Instituto Nacional de las Mujeres lo hizo a nivel federal.

“Ya estamos avanzando con la reforma Código Penal para clarificar el feminicidio, los homicidios por causas de género están en las leyes y normatividad, ahora falta que haya fiscalía con todo su aparato, para que atienda ya como parte de la violencia de género las desapariciones, los feminicidios”, destacó.