Baja California | 05 de Marzo de 2019

A partir de la notificación del Ieebc tienen cuatro días para impugnar ante el TJEPJBC y 30 días para presentar las 30 mil firmas que se validarán al ser cotejadas con el padrón electoral. Foto Jorge Heras / Lindero Norte

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Antonio Heras / La Jornada

Mexicali, 5 de marzo.- Martha Elvia García, abogada de los activistas que presentaron la petición de plebiscito sobre la instalación de una planta de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali, la cual fue rechazada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, anunció que impugnarán los dictámenes de intrascendencia e improcedencia ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del estado y solicitarán el apoyo de 30 mil ciudadanos para forzar al organismo a realizar este instrumento de democracia participativa.

La Ley de Participación Ciudadana señala en el artículo 49 que cuando una solicitud es declarada intrascendente los promoventes pueden reintentar que proceda el plebiscito, siempre y cuando cuente con el respaldo del 1 por ciento del listado nominal del Instituto Nacional Electoral en Baja California.

La declaración de improcedencia e intrascendencia aún no se les notifica al grupo de activistas de movimientos de resistencia civil en defensa del agua.

A partir de la notificación del Ieebc tienen cuatro días para impugnar ante el TJEPJBC y 30 días para presentar las 30 mil firmas que se validarán al ser cotejadas con el padrón electoral.

En conferencia de prensa, la abogada criticó la decisión de los cinco consejeros que votaron en contra del plebiscito porque habían advertido que revisarían la forma pero su criterio se centró en el fondo de este asunto.

El argumento que prevaleció entre los consejeros electorales fue el que sustentó la administración de Francisco Vega, en el sentido de que se trató de un acto administrativo y no un acto de gobierno.

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana que se encuentra en la legislación bajacaliforniana y tiene carácter vinculatorio, a diferencia del referendo y la consulta popular.