Chihuahua | 04 de Julio de 2016

Una patrulla de la Policía traslada a chihuahuenses en el tercer día de paro de choferes de transporte urbano. Foto Miroslava Breach/La Jornada

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Miroslava Breach Velducea, La Jornada

Chihuahua, 4 de julio.- Más de doscientas mil personas tuvieron que ser movilizados de sus domicilios a distintos puntos de la ciudad en camionetas, vehículos oficiales, patrullas de la policía y taxis habilitados como transporte colectivo, ya este lunes se cumplen tres días del paro de conductores de camiones urbanos en la capital del estado.

Los dirigentes de los choferes, Julio Hinojosa, Juan Carlos López y Jorge Meraz, informaron que no hay avance en las negociaciones para que la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo y el gobierno estatal, les paguen los salarios caídos, horas extras y los adeudos de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que ascienden a poco más de 14 millones de pesos.

Este lunes desde temprana hora, los concesionarios, propietarios de 460 camiones que operan en las rutas alimentadoras, llegaron a la sede del gubernamental, ante la posibilidad de que las autoridades de transporte del gobierno estatal, buscaran una solución por la vía de cancelar las concesiones y dar entrada a empresas privadas para la prestación del servicio.

Gustavo Morales, director de Transporte del Gobierno del Estado, aseguró que los adeudos pendientes le corresponde liquidarlos a la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo, integrada por los concesionarios, y las denuncias por incumplimiento de pago de los conductores deben ser canalizadas por la vía laboral contra la parte patronal.

Adelantó que la legislación estatal prevé la cancelación de concesiones, cuando se suspende el servicio de transporte público, pero antes de llegar a ese tipo de acciones debe ubicarse con claridad a los responsables del paro.

A nombre de los concesionarios, Francisco Lozoya, ex administrador de la Coordinadora de Transporte Colectivo, rechazó cualquier intento de cancelarles las licencias de permisionarios para la prestación del servicio público de transporte urbano, y justificó que los problemas financieros que tiene la empresa operadora se originaron por la mala administración desde que empezó a funcionar el Sistema Vive Bus en agosto del 2013.

Reveló que desde entonces detectaron un déficit financiero de 20 millones de pesos mensuales para la correcta operación de todo el sistema, pero el gobierno del estado se opuso al incremento gradual de tarifas para compensarlo.

Lozoya admitió que los adeudos que tiene la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo en las cuotas del IMSS y de Infonavit, se generaron porque el dinero retenido a los trabajadores y el correspondiente a la parte patronal fueron utilizados para cubrir los gastos de combustible y nómina, debido a que existía el compromiso de las autoridades gubernamentales de reponer los fondos.