Baja California | 04 de Febrero de 2018

La propuesta económica de la licitación es de 15 pesos por litro, es decir que ese es el costo por litro de agua que se le va a retirar la sal. Foto Cortesía

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Antonio Maya

Tijuana 4 de Febrero.- El recurso de inconstitucionalidad que impusieron once legislativos, al dictamen 95 que fue aprobado el día 1 de diciembre del año pasado con 12 votos del Partido Acción Nacional (PAN), y uno más por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), afectara todo el proceso de la construcción de la desalinizadora en el municipio de Playas de Rosarito, declaro, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alfonso Padrés Pesqueira.

El secretario, comento que le queda claro que haya voces y opiniones en contra de la realización de la planta desalinizadora, pues cree que es válido e importante que se dé, pero también está convencido que ninguna voz debe de ser más importante que atender la necesidad y garantizar el suministro de agua a la ciudad de Tijuana.

El proceso que requiere la conciliación del cumplimiento de los puntos, que corresponden para dar inicio con la construcción, no han concluido. En caso de que la planta desalinizadora se fuera a realizar la empresa constructora tiene 36 meses para concluir la construcción.

Los diputados que votaron en contra del dictamen argumentaron que el gobierno del estado el cual es presidido por Francisco Vega de la Madrid, se endeudaría con no menos de 70 mil millones de pesos.

Los legisladores que están en contra de los proyectos que se contemplan dentro del dictamen 95 son: Bernardo Padilla, Blanca Patricia Ríos, Marco Antonio Corona, Edgar Benjamín Gómez, Alejandro Arregui, (PRI), Catalino Zavala, Víctor Manuel Morán Hernández, (Morena), Luis Moreno Hernández, (PES), Claudia Josefina Agatón, (PT), y sorpresivamente el legislador del partido que voto a favor, Miguel Osuna Millán.

La propuesta económica de la licitación es de 15 pesos por litro, es decir que ese es el costo por litro de agua que se le va a retirar la sal.

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El albazo legislativo endeudó a los bajacalifornianos, incluidos niños, durante 37 años. En su opinión: