Baja California | 03 de Agosto de 2018

Ambas instancias deben atender una serie de recomendaciones, como capacitar a sus elementos en materia de derechos humanos, reparar el daño a las víctimas y prevenir las detenciones arbitrarias. Foto Antonio Maya Escamilla

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Redacción

Tijuana, 3 de agosto.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 4/2018 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, por violaciones al derecho a la libertad y seguridad jurídica de una mujer de 30 años y su sobrina, una niña de 3.

La recomendación, que se dio a conocer en un boletín de prensa, también alcanza a dos agentes de la Policía Ministerial, por violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal. Los ubica como "víctimas y autoridades responsables", ya que fueron blanco de tortura por nueve elementos municipales que participaron en su detención.

Indica que los hechos se registraron a las 12 horas del 26 de septiembre de 2013 cuando los agentes ministeriales adscritos al Grupo Mariano Matamoros de la PGJE se encontraban a bordo de un vehículo oficial y "sin fundamento en un mandamiento emitido por la autoridad competente" interceptaron a la mujer y su sobrina a quienes ordenaron subir al vehículo. A la joven le exigieron 10 mil pesos "para 'no empapelarla', ya que argumentaban tener un reporte en su contra por venta de droga y encontrarse en posesión de una navaja".

La víctima se comunicó con los padres de su sobrina para solicitarles que consiguieran el dinero, el cual consiguieron a través de un préstamo y a las 13:20 horas reportaron los hechos a dos agentes municipales (a quienes la CEDH ubica como 'autoridades responsables'), quienes organizaron un operativo para detener a los ministeriales.

Una persona designada por los padres de la menor acudiría a entregar el dinero, mientras los agentes municipales se posicionaron para intervenir. Al recibir los 10 mil pesos, las mujeres fueron liberadas y los minsteriales se retiraban del lugar pero ya habían llegado tres patrullas de la policía local con las que iniciaron una persecución que terminó cuando la unidad de los presuntos responsables se impactó.

Los ministeriales manifestaron que a pesar de que uno de ellos se identificó, ambos fueron llevados a la delegación número 1 y ahí los golpearon, aplicaron toques eléctricos y asfixiaron; a uno lo amenazaron con privarlo de la vida.

Ambos ministeriales fueron trasladados a la delegación 2 donde el juez municipal en turno dictó resolución sobre su presentación; después fueron certificados por un perito médico quien estableció que presentaban diversas lesiones y fueron turnados a la Agencia el Ministerio Público del Orden Común adscrita a la Jefatura de Zona Tijuana de la Visitaduría General de la PGJE.

Se les señaló como responsables de los delitos de privación de la libertad personal, extorsión agravada (en agravio de la mujer de 30 años y la niña de 3) y daño en propiedad ajena, por lo que se ejercitó acción penal en su contra para después consignarlos ante el juez penal en turno.

El 30 de septiembre de ese mismo año los ministeriales rindieron sus declaraciones preparatorias y se dio fe de las lesiones que presentaban y el 7 de noviembre siguiente se constató que fueron torturados, lo que dio pie a la la apertura de la queja CEDHBC/TIJ/Q/792/2013/1VG, la cual incluyó los testimonios de la mujer y su sobrina -representada por su madre- quienes refirieron que no habían acudido a las autoridades por temor a represalias.

Respecto al tiempo en que se presentó la queja por parte de las mujeres, la CEDH refirió que se admitió por tratarse "de violaciones graves a los derechos humanos", y en el caso de los ministeriales aclaró que "reconoce las labores de prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, sin embargo se opone a que en el cumplimiento de sus atribuciones las corporaciones policiales vulneren los derechos humanos de los detenidos".

Demandas

La recomendación señala que se violaron los derechos de la niñez, en el caso de la pequeña a quien privaron de la libertad con su tía, y a esta última también le violentaron el derecho al acceso a una vida libre de violencia, en tanto que a los agentes se les sometió a tortura.

Por lo anterior, demanda a la procuradora general de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, y al secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, la "reparación integral del daño de V1, V2 (la mujer y su sobriba), por parte de la PGJE, así como de VAR1 y VAR2 (los ministeriales) por parte de la SSPM).

Pide a la titular de la PGJE la "separación definitiva" de los agentes ministeriales involucrados y dé vista a la Visitaduría General de la PGJE a fin de que se inicie la investigación administrativa y se determinen las responsabilidades señaladas en el presente pronunciamiento, además de que se hagan las investigaciones y diligencias pertinentes para lograr la debida integración de la Averiguación Previa No.2 y su acumulada.

Además insta a que gire las instrucciones para que se capacite al personal en materia de derechos humanos y "emita una circular en la que se reitere a los servidores públicos de esa institución se abstengan de realizar detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, así como cualquier acción que vulnere los derechos humanos de cualquier persona", y haga pública la presente recomendación.

Al secretario de Seguridad Pública le demanda que "se planifiquen visitas periódicas de inspección y verificación a las delegaciones municipales, con el objeto de erradicar conductas que violenten los derechos de los privados de su libertad, coadyuvando así en la protección y defensa de los derechos humanos en armonía al estándar más asequible del principio del respeto a la dignidad humana".

También insta a que se diseñen e impartan a la totalidad de las y los servidores públicos de la SSPM cursos integrales de formación y capacitación continua en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, específicamente en la prevención de la tortura, así como, el fortalecimiento de valores éticos y morales, en los que se les induzca su actuación a los principios que rigen el servicio público.

Igual que a la PGJE le recomienda instruir a los policías municipales a "que se abstengan de realizar retenciones injustificadas de las personas aseguradas" y ponerlas de inmediato a las autoridades competentes e imparta un  curso sobre la elaboración de la turnación y/o parte informativo, actualmente llamado informe policial homologado, publique la recomendación y colabore en la averiguación de la PGJE.

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