Baja California | 02 de Octubre de 2018

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aclaró que será hasta la celebración de la audiencia constitucional cuando se dará a conocer el siguiente paso en cuanto al proceso legal. Foto cortesía

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Redacción

Tijuana, 2 de octubre.- El recurso de amparo que se presentó el 6 de septiembre pasado para que se elimine el contrato para la construcción del Centro de Control, Comando, Coordinación, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) sigue su curso, por lo que no hay una sentencia definitiva, afirmó el presidente del Consejo de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), Juan Manuel Hernández Niebla. 

Afirmó que el 10 de este mes se realizará la audiencia constitucional al recurso presentado en el juzgado Cuarto de Distrito por el propio CCSPE, los comités ciudadanos municipales de Seguridad Pública y la Coparmex, para que se dé marcha atrás al contrato por 789 millones de pesos otorgado a la empresa Seguritech S.A. de C.V. para la construcción y operación del C5i.

El juez de amparo aún no ha presentado el estudio de fondo del amparo obligatorio de ley debido a que “dicho estudio determinará si las actuaciones de las autoridades responsables obedecieron y aplicaron los principios de legalidad, siendo estas omisiones el fondo del amparo, que aún no se resuelve”, explicó Hernández Niebla en un comunicado de prensa. 

En este sentido, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aclaró que será hasta la celebración de la audiencia constitucional cuando se dará a conocer el siguiente paso en cuanto al proceso legal.

El 19 de septiembre pasado la Coparmex y el CCSPE anunciaron en conferencia de prensa la presentación del recurso de amparo al considerar que el proceso de licitación para la construcción del C5i no está claro, ya que no se convocó a los actores sociales. 

Ese mismo día el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid, al ser cuestionado sobre el tema declaró que el recurso de amparo obedece a intereses políticos y aseguró que "todo es absolutamente legal".

El 6 de octubre de 2017 el Congreso de Baja California aprobó por 18 votos a favor, seis en contra y una abstención -en medio de gritos y protestas- el dictamen 94, el cual contempla la construcción del C5i, con lo que se autorizó un contrato plurianual por 10 años que representará un gasto de 789 millones de pesos a razón de 80 millones de pesos anuales.