méxico | 02 de Marzo de 2018

Desde 2013, Granier Melo permanece recluido en la Torre Médica de Tepepan, en la Ciudad de México, donde es atendido de un padecimiento cardiaco. Foto Cuartoscuro / La Jornada

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René Alberto López y Érick Muñiz, La Jornada

 

Villahermosa, Tab.,  2 de marzo.- El juzgado tercero penal de primera instancia sentenció al ex gobernador priista Andrés Granier Melo (2007-2012) a una pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión y a restituir al erario estatal más de 196 millones de pesos, luego de ser declarado culpable de peculado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde 2013, Granier Melo, químico de profesión, permanece recluido en la Torre Médica de Tepepan, en la Ciudad de México, donde es atendido de un padecimiento cardiaco. También se le acusa de defraudación fiscal.

La FGE indicó en un comunicado que con la sentencia, emitida el pasado 28 de febrero, quedan en firme las acusaciones de la causa penal 157/2013 sobre desvíos de recursos del Seguro Popular en el ejercicio 2010.

El principal objetivo del proceso iniciado en 2013, agregó, es recuperar los recursos públicos desviados en agravio del pueblo de Tabasco.

Las indagatorias se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209.60 pesos del sector salud en el cuarto año de la administración de Granier Melo, que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal, apuntó.

El juzgado tercero penal también ordenó imponer una multa de 525 unidades de medida y actualización Al ex mandatario priísta, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

Más procesos en curso
El ex gobernador tabasqueño (2007-2012) fue absuelto del delito de ejercicio indebido del servicio público en pandilla. Sin embargo, aún tiene pendientes varios procesos relacionados con el saqueo a Tabasco y otros expedientes se siguen integrando.

El ex secretario de Salud del estado Luis Felipe Graham Zapata, implicado en los desvíos y a quien las autoridades le negaron un amparo apenas la semana pasada, sigue prófugo.

Por la misma causa se encuentra recluido en el centro penitenciario de Villahermosa, el ex tesorero estatal, José Saiz Pineda, pero obtuvo un amparo el mes pasado, por lo cual la FGE debió descongelarle al menos tres cuentas bancarias, dos de ellas a nombre de sus padres

El MP no demostró beneficios ilegales a la armadora coreana Kia; impugnarán resolución.

En Monterrey, Nuevo León, un juez de control absolvió ayer al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015) de la acusación de ejercicio indebido de funciones por el caso de la armadora coreana de autos Kia Motors, la cual habría recibido durante su sexenio incentivos ilegales por mil millones de pesos para instalarse en Pesquería.

Luego de una audiencia que duró casi una hora, el juez de control Jaime Castañeda señaló que el Ministerio Público no acreditó de modo fehaciente las pruebas de modo, lugar y tiempo para vincular a proceso a Medina de la Cruz.

Al salir del palacio de justicia de Monterrey, el acusado aseguró que no cometió alguno y que la resolución prueba que las imputaciones son infundadas. El juez rectificó el auto de vinculación y decidió no sujetarme a proceso. Hemos entablado una defensa muy sólida, demostrando paso a paso que no se cometió ningún delito, dijo Medina.

El gobierno estatal acusó al ex gobernador priísta en 2016, cuando el ahora gobernador con licencia Jaime Rodríguez, El Bronco, anunció la Operación Tornado con la que se pretendía castigar desvíos millonarios de la administración anterior.

El subprocurador anticorrupción estatal, Ernesto Canales, anunció que impugnará el fallo e insistirá en vincular a proceso a Medina de la Cruz, quien aún enfrenta acusaciones por delitos contra el patrimonio del estado.

Insistirán en encarcelarlo
Autoridades estatales acusan a Medina de la Cruz y a unos 30 colaboradores y parientes de causar un quebranto de al menos 3 mil 600 millones de pesos a las arcas estatales.

El ex gobernador fue internado en el penal del Topo Chico el 26 de enero de 2017. A las tres de la madrugada se le fichó y su fotografía de interno con traje naranja fue difundida por las autoridades. Sin embargo, sólo tomó 19 horas a sus abogados, Alonso Aguilar Zinser y Javier Flores, hacer válido un amparo y liberarlo.

Medina sostiene que la acusación es un linchamiento político, mientras la Subprocuraduría Anticorrupción insiste en que el ex mandatario priista acabará en la cárcel.