mundo | 02 de Febrero de 2018

Nativos y partidarios de la causa mapuche durante una protesta en imagen de archivo Foto Cuartoscuro

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Stella Calloni, corresponsal La Jornada

Buenos Aires, 2 de febrero.- A sólo seis meses de la desaparición y muerte del joven artesano Santiago Maldonado en el marco de una brutal represión de la gendarmería contra un pequeño grupo mapuche en protesta, en Esquel, Chubut, este viernes el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y la policía provincial de Chubut allanaron otra vez la comunidad Pu Lof en Resistencia, Cushamen.

De manera violenta, maniatando a sus habitantes, deteniendo a varios, impidiendo la llegada de la prensa, llevándose los caballos en una camioneta de la empresa del magnate italiano, Luciano Benetton, quien ilegalmente compró casi un millón de hectáreas en los años 90 quedándose con tierras de los pueblos originarios, a los que hoy persiguen.

La orden de allanamiento fue firmada por la juez Graciela Rodriguez y el fiscal Diaz Meyer. Desde el Pu Lof comunicaron que las fuerzas policiales ingresaron a las seis de la mañana, mantuvieron maniatados a los miembros de la comunidad durante todo el procedimiento tras una denuncia del personal de una estancia, propiedad de Benetton, empresa de capitales británicos Una mujer debió ser trasladada herida a un hospital del lugar.

La Red de apoyo conformada por integrantes de las Comunidades en Conflicto, denunció este nuevo atropello a Pu Lof Resistencia Cushamen como totalmente ilegal debido a que no se contó con testigos del procedimiento, las fuerzas represivas “hicieron lo que quisieron y no descartamos que puedan generar algún tipo de montaje para culpar a los miembros de la comunidad a través de implantar falsas pruebas”.

Acusaron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de ser responsable de la “cacería contra el pueblo Mapuche y de una campaña mediática de difamación verdaderamente sin escrúpulos”. Bullrich, no sólo ascendió al gendarme Emanuel Echazú imputado por lo sucedido a Maldonado, sino que dispuso a las fuerzas de seguridad que no tenían que pedir órdenes de jueces para actuar.

Además acusa a los mapuches en la Patagonia de “terroristas”, cuando no están armados y sólo se ocupan de defender las escasas tierras que que les han quedado de lo que era su territorio ancestral. Estas acusaciones sucedieron después de una reunión del presidente Mauricio Macri con su par chilena Michelle Bachelet cuando visitó Chile en 2017, país donde hay una violenta persecución contra los mapuches. Desde allí llegó con la mirada puesta en la creación de un “enemigo interno” que permitiera militarizar a la Patagonia, bajo argumentos falsos.

Se llegó al extremo de que el ministerio de Seguridad argentino, definió a los mapuches como “terroristas” a pesar de ser una escasa población originaria local que es hoy el “enemigo interno” ante lo cual Bullrich dispuso que en la Patagonia actuarán, a partir de ahora, Fuerzas Conjuntas, como si se tratara de una guerra, y por supuesto con asesoría de otros países como Estados Unidos e Israel.

La violenta acción de gendarmería es otro mensaje del gobierno nacional, como lo sucedido ayer miércoles en que Macri recibió junto con Bullrich y otros funcionarios de seguridad a un policía, quien estando de civil le disparó tres balazos por la espalda a un joven delincuente, cuyo acompañante había atacado a puñaladas a un turista en el barrio de le boca.

Luis Chocobar, efectivo de la Policía Local fue procesado por un juez por homicidio con exceso de defensa propia, con embargo de bienes por 400 mil pesos, por este hecho.

La resolución fue tomada por el juez Enrique Gustavo Velázquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad , pero las fotografías muestran disparos por la espalda.

Resulta extremadamente grave que tanto el Presidente como la ministra de Seguridad, tomaran cartas en un decisión judicial. “La estrategia del gobierno es lamentable, es llevar al extremo la convalidación de las acciones violentas de policías en contra de las reglas y protocolos”, advirtió Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Esto sucede en un marco de ratificación oficial a todas las acciones violentas de las fuerzas de seguridad protagonistas de “cacerías” en esta ciudad el 14 y 18 de diciembre pasado, pero también participando con su presencia en todos los lugares donde se anuncian los despidos e interviniendo en la represión de todos los conflictos con extrema utilización de armas y equipos de disuasión masiva.

Este fue un día caldeado por que se anunciaron y pusieron en práctica aumentos en todos los sectores, especialmente en el transporte, la luz , el gas, anuncios de nuevos cierres de fábricas y de ingenios en el interior del país.

También nuevos decretos presidenciales y los intentos del oficialismo para que el jurista Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema arbitrando “todos los medios legales y constitucionales a su alcance” para que se solicite su “remoción” como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuesta inhabilidad moral.

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