Baja California | 01 de Octubre de 2017

El gobernador ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre las APPs Foto Alberto Elenes

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Alberto Elenes

Tijuana, 1 de octubre.- El gobierno de Baja California no cuenta con los recursos para la construcción del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), ni para las desalinizadoras en la zona costa, por lo que se estaría realizando “una compra a crédito”, declaró el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, ante las protestas que se registran en el Congreso del Estado, en donde el grupo Mexicali Resiste pretende evitar que sean aprobados los dictámenes 94 y 95.

El mandatario justificó la necesidad de contar con un C5i para tener mejores resultados ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el combate de tanto de los delitos del orden común como del crimen organizado, “si los C5 no sirvieran, muchos estados de la república mexicana no los tuvieran, Estados Unidos, para poner el ejemplo, tampoco los tuviera”.

Rechazó que se vaya a realizar mediante una Asociación Público Privada (APP), como aseguran algunos críticos, al referirse que quien lo esté haciendo, no ha tenido el cuidado para revisar el proyecto.

Dejó en claro que el recurso no existe en la actualidad, por eso se ha determinado en el contrato con la empresa que resulte ganadora de la licitación, que la compañía invierta los 580 millones de pesos que costará el C5i, mientras que el gobierno del estado en un lapso de 10 años irá cubriendo el costo, incluyendo la actualización y mantenimiento del sistema, cámaras, botones de alerta, “es un contrato plurianual”.

“El recurso no lo tenemos, lo que hacemos nosotros es que a diez años vamos pagando nosotros la inversión y todo lo demás, al termino de diez años el estado se queda absolutamente con todo, estamos prácticamente, por así decirlo, estamos comprando a crédito”, dijo el en conferencia de prensa el gobernador.

Tras aclarar que es respetuoso de las opiniones de ciudadanos y organizaciones, criticó las manifestaciones que encabeza el movimiento Mexicali Resiste, “es un grupo que se niega a todo y no propone nada; el oponerse y no proponer a ningún lugar nos está llevando ni nos va a llevar, al contrario, nos atrasa”.

Mientras que de las protestas del sector empresarial a través de la Coparmex y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California señaló que le tomaron por sorpresa, pues a principios de semana sostuvieron una reunión, en la que participó también el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante la que, asegura, tomaron acuerdos, “en el caso del C5i, era apoyarlo por todos los presentes. Después de haber platicado profundamente el tema, (la protesta) sí me sorprendió muchísimo”, expuso.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar dichos proyectos sin la necesidad de dejar tan endeudado al estado, el gobernador contestó que “no es una deuda que no tiene un fundamento y una recuperación, lo que se está haciendo es que prácticamente se esta comprando a crédito”, volvió a insistir.

Dijo que todas las decisiones que toma como gobernador se realizan mediante la revisión y asesoría con expertos, para poder contar con las herramientas que puedan causar una mayor efectividad de la seguridad de los bajacalifornianos.

Pidió no tomar estos temas como banderas políticas, ya que son temas de importancia para el crecimiento del estado, la seguridad y el agua, “son las primeras prioridades para Baja California en este momento, el tomar cualquiera de estos temas como bandera política, realmente sería de altísima irresponsabilidad”.

En el caso del agua, recordó que el estado cuenta con una sola fuente de abasto para más de 2 millones de habitantes, el acueducto del Río Colorado – Tijuana, el cual, dijo, prácticamente está sobreexplotado.

La solución, justificó, según concluyó con la Comisión Estatal del Agua (CEA) desde hace tres años, es la construcción de las plantas desalinizadoras con apoyo de las APP “porque no hay recursos, porque el gobierno federal no tiene recursos para apuntalar la infraestructura en muchos estados y municipios de la República Mexicana”.

Refirió que en el estado de Sonora el gobireno también pretende construir una planta desalinizadora mediante una APP, sin embargo los ciudadanos de allá no generan controversia como en caso de Baja California.

Expresó que hasta el momento no ha escuchado ninguna otra propuesta o soluciones a las que ellos como gobierno están ofreciendo, solo han recibido críticas.

“Nadie nos ha dicho que, si no construimos la desalinizadora, cómo vamos a resolver el problema del agua en la zona costa en los próximos tres, cuatro años; nadie nos ha dicho.  Yo oigo negativas, pero no oigo propuestas, porque no hay propuestas adicionales”.

Por último, externó que lo que ocurre se deriva a que hay personas y partidos que “quieren sacar agua para su molino”, ante la proximidad de procesos electorales que estaremos por vivir, tanto federales, como estatales.

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¿Fue adecuada la forma en que se aprobó la construcción de una desaladora en Rosarito?