Baja California | 01 de Septiembre de 2018

Foto izquierda: Se realizó el e primer foro de “Derecho a la Seguridad Ciudadana”, en la Universidad Iberoamericana Foto derecha: Olvera Rodríguez, hizo un llamado a todas las autoridades de seguridad Foto Antonio Maya

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Antonio Maya

Tijuana, 31 de agosto.- La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc), Melba Adriana Olvera Rodríguez, hizo un llamado a todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado a abstenerse de hacer comentarios o proporcionar información que vulnere la dignidad de las personas asesinadas en situaciones violentas, o de sus familiares.

“Ninguna autoridad puede violentar el derecho al debido proceso, el derecho a la confiabilidad; muchos derechos humanos se han vulnerado cuando se hacen declaraciones sin la información pertinente”, expresó Olvera Rodríguez.

Olvera se refirió - a pregunta expresa- al caso del coordinador de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, Miguel Ángel Guerrero Castro, quién declaró que la joven Viviana de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado por su madre y un grupo de vecinos sin ayuda de la policía en la colonia Las Delicias, tercera sección, era consumidora de la droga conocida como “cristal”.

La muerte de Viviana, según el mismo funcionario, se pudo evitar si su familia hubiera notificado a la policía la supuesta adición de la joven y sus conflictos (también supuestos por el funcionario) con un narcomenudista apodado “El Beto”.

La joven y su hija desaparecieron el 21 de agosto. La niña de 6 años fue encontrada un día después caminando en el acotamiento del Bulevar 2000 por un conductor de transporte de carga y la imagen de la pequeña se hizo viral en las redes.

 La defensora de derechos humanos consideró que la autoridad sólo se puede pronunciar sobre un caso cuando ya se terminó un proceso y hay una sentencia, de lo contrario “es muy riesgoso porque muchas veces puede ser una realidad –las declaraciones de los funcionarios- y muchas veces, no”.

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California Fernando Ocegueda Flores, dijo que la política de Estado es distorsionar con palabras el hecho delictivo; tenemos que crear una ley para prohibir a la autoridad que, sin pruebas fundamentadas, se exprese de cualquier persona que esta muerta o detenida porque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario”. Y eso debería ser también para quienes están muertos y la autoridad investiga su caso.

Afirmó que la Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJE), debe limitarse al realizar señalamientos de las personas que perdieron la vida en hechos violentos, y debería ser un delito “difamar a las personas aunque estén muertas”.